Fiscal Curruchiche por órdenes de captura: Velásquez y Camargo no son superiores a ley en Guatemala

El fiscal Rafael Curruchiche fue quien solicitó al organismo judicial guatemalteco órdenes de aprehensión contra el exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, acusándolos de estar involucrados en la red de corrupción de Odebrecht. Ambos fueron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).En entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el fiscal Curruchiche explicó que la solicitud fue presentada hace aproximadamente dos o tres semanas y una sala de apelaciones de ramo penal la analizó y acogió por unanimidad. Indicó que acompañaron la solicitud con unos 400 medios de investigación, parte de los más de 4000 que poseen.Según Curruchiche, la investigación, descrita como "sólida, objetiva e imparcial", logró establecer la participación de Velásquez y Camargo coordinando con abogados, fiscales y empresarios de Odebrecht desde enero de 2017. La evidencia incluiría correos electrónicos proporcionados por un "testigo A" y audios. Estos elementos, según el fiscal, "claramente" establecen cómo estuvieron "detrás de todo esto".Las acusaciones específicas contra Velásquez y Camargo abarcan los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.Las pruebas que dice tener el fiscal guatemalteco Como parte de las pruebas, Curruchiche mencionó un correo electrónico de Iván Velásquez donde hace referencia a su comunicación e información sobre el caso Odebrecht en Colombia. Se alega que, a raíz de estas coordinaciones, se otorgaron beneficios a cuatro empresarios de Odebrecht a cambio de únicamente 500.000 quetzales, liberándolos de toda responsabilidad penal. Estos beneficios, como un criterio de oportunidad, se habrían concedido estando los empresarios en Brasil, no en Guatemala.El fiscal enfatizó que Velásquez y Camargo intervinieron directamente en el sistema de justicia, lo cual, según él, prohibía la ley para los funcionarios de CICIG. Indicó que negociaron los acuerdos de colaboraciones eficaces, a pesar de que las normativas como la instrucción 5-2012 y el acuerdo bilateral entre el Ministerio Público (MP) y CICIG establecían que solo intervenían el fiscal y el colaborador. El testigo A relató una reunión donde Iván Velásquez, Seth Maldana, exfiscales y abogados acordaron la forma de estos acuerdos. Curruchiche señaló que Luz Adriana Camargo supuestamente llegó a las instalaciones de Odebrecht en el nivel 14 para negociar estos acuerdos, actuando "fuera totalmente del mandato que se le otorgó".Respecto a la autoridad para emitir las órdenes, Curruchiche defendió que, al ser recusado el juez natural, la sala de apelaciones asumió la jurisdicción y competencia, lo cual está facultado por jurisprudencia en Guatemala. Curruchiche mencionó una supuesta comunicación de Naciones Unidas que indicaría que CICIG funcionaba de manera independiente y no dependía de ellos, lo cual considera una controversia.Las órdenes de captura generaron rechazo de los gobiernos de Guatemala y Colombia. El presidente Gustavo Petro, calificó a la Fiscalía de Guatemala (comparándola con otras) de obedecer "al crimen y no a la ciudadanía". Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó las decisiones de la Fiscalía como "irresponsables y espurias" y sin "sustento legal". Ante esto, Curruchiche anunció que abrirían una investigación contra el presidente Arévalo por "clara interferencia en contra del poder judicial", argumentando que el Ministerio Público es un ente autónomo e independiente. Escuche la entrevista completa aquí: