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A punto de cumplirse 4 meses de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, y después de que Estados Unidos reconociera hace unos días a Edmundo González Urrutia como “presidente electo”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 altos funcionarios de seguridad y del gabinete del régimen de Nicolás Maduro.
Los sancionados son actuales del Gobierno de Venezuela, y son señalados de haber “apoyado y ejecutado las órdenes de Nicolás Maduro para reprimir a la sociedad venezolana en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”. Agrega Estados Unidos que han “ignorando la voluntad de la mayoría abrumadora de votantes venezolanos, quienes eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”.
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Altos funcionarios de la Casa Blanca señalan que tras las elecciones, las fuerzas de seguridad venezolanas han arrestado arbitrariamente a numerosos y seguidores de la oposición. Además, las fuerzas de seguridad del régimen han reprimido violentamente las protestas y han negado a los ciudadanos el derecho a reunirse pacíficamente. Incluida la emisión de una “orden de captura injustificada contra el presidente electo Edmundo González Urrutia, que llevó a su salida de Venezuela”.
Entre las personas sancionadas este 27 de noviembre se encuentran altos funcionarios del régimen de Maduro, activos de varios ministerios, así como integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Entre los funcionarios sancionados se encuentran:
Freddy Alfred Nazaret Ñáñez Contreras, actual vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro para la Comunicación y la Información y presidente de Venezolana de Televisión (VTV).
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Daniella Desirée Cabello Contreras, hija del alto dirigente chavista Diosdado Cabello Rondón, y quien es presidenta de la Agencia venezolana de Promoción de Exportaciones desde septiembre de 2024. Anteriormente fue presidenta de la Fundación Marca País de Venezuela, reportando directamente a la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Eloína Rodríguez, quien ha estado sancionada por la OFAC desde 2018.
Alexis José Rodríguez Cabello, director del Servicio de Inteligencia Bolivariana (SEBIN), cuerpo de inteligencia señalado de detenciones irregulares a de la oposición. Rodríguez Cabello fue nombrado hace pocos meses al frente del SEBIN y de acuerdo con Estados Unidos es primo de Diosdado Cabello.
Aníbal Eduardo Coronado Millán, ministro del Despacho de la Presidencia desde abril de 2024; Ricardo José Menéndez Prieto, quien ha sido vicepresidente de Planificación en la Oficina del Vicepresidente desde 2014 y fue ministro de Educación Superior, ministro de Industria y Ministro de Ciencia, Tecnología e Industria Intermediaria; además de William Alfredo Castillo Bollé, viceministro de Políticas Antibloqueo en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela desde 2022. Y
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Fueron sancionados también 10 oficiales de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que de acuerdo con Estados Unidos “ha liderado la represión violenta tras las elecciones”.
Dentro de la lista también están cuatro oficiales del aparato de seguridad de Venezuela, como la Policía Nacional Bolivariana, que según Estados Unidos ha sido “responsable de hostigamiento y detenciones arbitrarias, incluidas las de menores, en respuesta a protestas contra la información oficial sobre los resultados electorales”, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que “ha detenido a periodistas que informan sobre el proceso electoral, la represión y el abuso de poder”.
Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas todas las propiedades y activos en Estados Unidos de estas 21 personas y se les prohíbe realizar transacciones financieras. Además, el Departamento de Estado ha impuesto nuevas restricciones de visa a personas cercanas al régimen de Maduro, y hasta la fecha, casi 2.000 personas tiene restricción de visa “por su rol en socavar la democracia, participar en corrupción significativa o violar los derechos humanos del pueblo venezolano”.
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