El Gobierno de Estados Unidos anunció que el 6 de octubre empezará a recibir solicitudes para la "lotería de visas" correspondiente al año fiscal 2023, periodo para el que han quedado excluidos nacionales de Venezuela, así como de Brasil, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica y República Dominicana, entre otros.
El plazo de inscripción para este sorteo anual vence el próximo día 9 de noviembre, y ese año fiscal entregará 55.000 visas de residencia permanente legal, o "tarjeta verde".
Participan en él entre 11 millones y 14 millones de ciudadanos de los países que Washington incluye en una lista, quienes pueden presentar sus solicitudes de forma gratuita en el sitio digital del Departamento de Estado de EE.UU.
Este año también quedaron excluidos nacionales de Canadá, China, Hong Kong, Corea del Sur, Nigeria, Pakistán, las Filipinas, y el Reino Unido y sus territorios con la excepción de Irlanda del Norte.
Las reglas del sorteo excluyen a los países que en los últimos cinco años hayan enviado más de 50.000 migrantes a Estados Unidos, y más bien abre la participación a ciudadanos de países con tasas de migración a EE.UU. históricamente bajas.
Este año el sorteo tiene un significado particular dado que el presidente estadounidense Joe Biden anuló las restricciones al programa y en general los vetos migratorios que había ordenado su predecesor, Donald Trump.
En 2017, Trump instauró una serie de medidas para impedir el ingreso al país de ciudadanos de países con mayoría musulmana, y la que en última instancia entró en vigencia impuso límites a la migración desde ocho países: Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Somalia y Yemen.
Poco después de su investidura presidencial el 20 de enero, Biden emitió un decreto poniendo "fin a los vetos discriminatorios para el ingreso a EE.UU".
Según el Departamento de Estado, en aplicación de las normas impuestas por Trump, decenas de miles de solicitudes de visa fueron rechazadas en los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019.
La lotería de visas se estableció por una ley de 1990 y se dirige a solicitantes que cumplan con ciertos requisitos como tener educación secundaria, al menos dos años de experiencia laboral y un prontuario limpio de actividades criminales.
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