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Fuentes del Poder Judicial de Chile informaron a EFE este jueves 25 de enero, que el dictamen emitido por la Corte Suprema de este país y difundido por la Procuraduría General de Perú para ampliar los delitos por los que fue extraditado a Perú el expresidente Alberto Fujimori(1990-2000) en septiembre de 2007, son información reservada.
Según las mismas fuentes, se trataría simplemente de un informe de la Fiscalía de la Corte Suprema dirigido a la jueza encargada de la causa.
En su comunicado difundido en redes sociales, la Procuraduría peruana (Fiscalía) no detalló los casos que implican la comisión de esos delitos, pero señaló que su pedido fue aceptado al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre ambos países.
Medios locales señalan que entre los casos por los que aún se busca procesar a Fujimori figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 1999, así como las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, en 1992, y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima, en 1997.
Además, las presuntas esterilizaciones forzadas cometidas durante su Gobierno y el secuestro y homicidio de seis de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La Corte Suprema de Chile ya amplió en junio de 2017 la extradición de Fujimori para que sea investigado en Perú por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en el llamado caso Pativilca, también cometido por el grupo Colina en 1992.
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Fujimori, que actualmente está siendo procesado por este caso, salió en libertad en diciembre del año pasado luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyó los alcances del indulto humanitario que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kucyznski.
El exgobernante, de 85 años, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo Colina, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado que dio en 1992.
También fue condenado, por diversos delitos de corrupción, en otros cuatro casos, con penas que variaron entre 6 y 8 años de cárcel, que ya cumplió.
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