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El Congreso avanza en la regulación de las apps de transporte privado intermediado por plataformas digitales como Uber, DiDi, InDriver y Cabify, una tarea necesaria que piden desde diferentes sectores en el país.
Una de las principales propuestas incluidas en el proyecto de ley 136 de 2024 es la creación del Registro Único Nacional del Servicio de Movilidad Intermediado (Runsmi), un sistema que, de aprobarse, transformaría las condiciones bajo las cuales operan los conductores de estas aplicaciones y evitaría la inmovilización de sus vehículos.
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¿Qué es el Runsmi?
El Runsmi será un registro nacional istrado por el Ministerio de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y que tendrá como objetivo centralizar la información de las plataformas digitales, los conductores, los propietarios de los vehículos y los carros habilitados para prestar el servicio.
El proyecto establece un plazo de seis meses para la creación del Runsmi una vez sancionada la ley. Posteriormente, tanto los conductores como las plataformas tendrán un período adicional de seis meses para registrarse y cumplir con los requisitos exigidos.
¿Qué requisitos habría para conductores?
Para operar legalmente bajo esta normativa, los conductores deberán cumplir con una serie de condiciones específicas, entre las que se destacan:
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¿Qué cambiaría en la ley colombiana?
Otro de los cambios propuestos es la actualización del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, artículo que actualmente sanciona con multas y la inmovilización de vehículos a quienes presten servicios de transporte público no autorizado.
La modificación busca especificar que los vehículos particulares registrados en el Runsmi podrán operar como transporte intermediado por plataformas digitales, lo que eliminaría o modificaría la infracción D12, que en 2024 equivale a una multa de 1.300.000 pesos.
¿Qué pasará con las multas anteriores?
A pesar de los beneficios que traerá esta regulación, las sanciones impuestas antes de su aprobación no serán anuladas. Según la abogada Danna Piñeros, consultora jurídica consultada por Blu Radio, las penalidades seguirán vigentes hasta que la normativa entre en vigor, lo que implica que los conductores sancionados anteriormente no serán exonerados.
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Por otro lado, la ley asignará a la Superintendencia de Transporte la inspección, vigilancia y control de los conductores que operen bajo esta modalidad. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio será responsable de regular las plataformas digitales.
¿Qué faltaría para que sea ley?
El proyecto de ley debe superar cuatro debates en el Congreso, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, además de un control previo por parte de la Corte Constitucional, control que verificará que la normativa cumpla con los requisitos formales y materiales exigidos para su entrada en vigor.
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