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El Parlamento Europeo dio este jueves su visto bueno definitivo a la nueva Ley de Industrias de Emisiones Cerco, que busca impulsar la producción de tecnologías limpias en la Unión Europea para competir con las subsidiadas industrias china y estadounidense.
La ley busca que las empresas europeas ganen terreno en sectores clave para el reverdecimiento de la economía, como baterías, es fotovoltaicos o turbinas eólicas, y fija como meta que en 2030 la UE cubra con producción propia un 40 % de su consumo de tecnologías limpias con vistas a captar un 15 % del valor de este mercado en el mundo.
Para ello, prevé acelerar la obtención de permisos, modificar las normas sobre licitaciones públicas para que las ofertas más sostenibles puedan ganarlas aun cuando no sean las más baratas, facilitar el a mercados, y mejorar la formación de trabajadores para estos sectores, entre otras medidas.
Tras recibir luz verde del Parlamento Europeo, con 361 votos a favor, 121 en contra y 45 abstenciones, los Estados también deben aprobarla formalmente para que pueda entrar en vigor.
La ley es la repuesta europea a los 340.000 millones de euros en subvenciones "verdes" aprobadas por Estados Unidosdentro de su ley antiinflación para un sector cuyo valor se triplicará hasta los 600.000 millones de euros al final de la década; y en el que China y Japón prevén también invertir 260.000 y 140.000 millones de euros, respectivamente.
El plan europeo centra sus esfuerzos en una decena de tecnologías consideradas estratégicas, entre las que figuran las ligadas a energía solar, eólica, baterías y tecnologías de almacenamiento, bombas de calor y geotérmica, electrolizadores y células de combustible, biogás y biometano sostenibles, captura de carbono y redes energéticas.
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A estas ocho propuestas por la Comisión Europea en el borrador de ley, el Parlamento Europeo y los Estados añadieron los combustibles alternativos y las tecnologías ligadas a la fisión y fusión nuclear, aunque los países que no usen esta energía no estarán obligados a declarar como estratégicos ese tipo de proyectos.
La norma prevé además analizar cómo evoluciona la producción europea de tecnologías limpias en comparación con la mundial y fija un objetivo de captura de carbono para 2030 de al menos 50 millones de toneladas de CO2 anuales.
Asimismo reduce los plazos para conceder permisos de construcción o ampliación de fábricas de tecnologías de emisiones cero, que serán de un máximo de 18 meses para los grandes (con una potencia superior a 1 gigawatio) y de 12 meses para los que no lleguen a ese umbral. Para los proyectos estratégicos, los socios fijarán plazos aún más breves.
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En cuanto a las licitaciones públicas, la ley exigirá tener en cuenta si el potencial adjudicatario contribuye a la sostenibilidad medioambiental y, en el caso de que haya una dependencia de más de un 50 % de un país extranjero para la tecnología en cuestión, también su contribución a la resiliencia de la UE.
Sin embargo, precisa que las autoridades podrán decidir no aplicar estos criterios si hacerlo genera una diferencia de coste "desproporcionada" o hace que no se presenten ofertas adecuadas.
Además, cuando las licitaciones sean para proyectos de energías renovables, los Estados tendrán que aplicar criterios de sostenibilidad medioambiental y contribución a la integración energética a al menos un 30 % del volumen subastado cada año a la hora de hacer las adjudicaciones.
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