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La Fiscalía General de la Nacióny la Policía Nacional lideraron una ofensiva en 31 municipios del país, en la que fueron ocupados 219 bienes que habrían sido adquiridos con dineros obtenidos del tráfico trasnacional de estupefacientes, y otros destinados a esa actividad ilícita: los cuales conformarían el patrimonio de presuntos cabecillas de varias estructuras ilegales.
Ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en articulación con la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, con el apoyo del CTI y la Dijin y la Sijin de la Policía Nacional, además del Ejército, se desplazaron a Antioquía, Atlántico, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Huila, Caquetá, Nariño Cundinamarca, Tolima y Bogotá. Los activos fueron avaluados en cerca de 260.000 millones de pesos.
En los procedimientos fueron incautadas propiedades que pertenecerían al patrimonio ilegal de:
- Mario Élber Garzón Escobar, alias 'Mario Bros', quien sería el principal articulador del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’, por designación directa del extraditado máximo cabecilla de esa organización, alias 'Otoniel'.
- Una sociedad que, supuestamente, estuvo al servicio de Phanor Arizabaleta Arzayús, exintegrante del ‘Cartel de Cali’ y su núcleo familiar.
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- Ever Alexis Santander Prado, presunto intermediario entre los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador, con los denominados carteles de la droga de México.
- Jaime Quintero Carvajal, quien, en 2017, regresó a Colombia tras cumplir una condena en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. A su retorno al país, al parecer, intentó recuperar bienes por la fuerza. Entre estos, lotes en Candelaria (Valle del Cauca) que aparecían a nombre de algunos de sus familiares.
- Cabecillas de La Cordillera, quienes habrían adquirido predios en Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Cauca, Valle del Cauca y Bogotá, entre 2005 y 2018.
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También fueron ocupados bienes de la organización ‘Los Chacón’, que delinquía en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Estas redes usaban hoteles y otros inmuebles para almacenar y comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades y para recaudar el dinero producto del comercio ilegal de droga.
Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las implicaciones de la decisión de la Procuraduría en el caso del alcalde de Medellín:
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