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La historia inició el 19 de enero de este año cuando un comerciante de San Andresito de Bogotá denunció en la Fiscalíaque había sido secuestrado y hurtado por uniformados de la Policía.
Según su relato, después de un recorrido de 3 horas le habrían quitado cerca de 800 millones de pesos que llevaba en un maletín y con los que iba a pagar una hipoteca. A partir de ese momento, la Fiscalía inició una exitosa investigación que en menos de tres meses logró individualizar a los presuntos responsables: el mayor (r) Andrés Alberto Salazar Barrero, quien para el momento de los hechos era el comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá y los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, quienes hacían parte del esquema de seguridad del excontralor Juan Carlos Granados.
Este viernes la Fiscalía sorprendió con los videos de las cámaras de seguridad que muestran cómo fueron los hechos.
El primer momento, que quedó captado en una cámara de seguridad, es cuando el comerciante es abordado en el centro comercial Puerto Príncipe, en San Andresito,por dos patrulleros de la Policía.Ahí, según la víctima, los patrulleros le preguntan por lo que llevaba en una maleta negra y le dicen que el dinero que traía en su interior era producto del narcotráfico.
A pesar de la negativa del comerciante y de las explicaciones que da sobre que el dinero era legal y que era para pagar una hipoteca, los patrulleros insisten y le dicen que debe salir del centro comercial y dirigirse a otro lugar. Los dos patrulleros que quedan registrados en el video pero que, al tener casco y tapabocas no les ve el rostro, serían Castillo y Quintero. A partir de ese momento, según la Fiscalía,inicia el recorrido de tres horas que se convertiría en un secuestro.
Posteriormente, por una supuesta orden de los uniformados, llegan a una cafetería cercana al centro comercial. Ahí según el denunciante, llega un supuesto capitán que estaba vestido de civil con un saco blanco, hombre al que hoy le siguen la pista las autoridades.
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En ese lugar, le dicen al comerciante, según su relato, que ellos saben que el dinero es del narcotráfico y que los tiene que acompañar a la SIJÍN de la Policía.Entonces, continúan el recorrido.
El tercer momento es cuando, después de tomar dos taxis distintos, llegan a una estación de gasolina ubicada en la avenida El Dorado con avenida Rojas. Ahí, llega una lujosa camioneta que queda grabada en las cámaras de seguridad y de la cual desciende el mayor (r) Andrés Alberto Salazar Barrero, quien fungía para el momento de los hechos como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.
Según el relato de la fiscal del caso, se dan cuenta de la identidad del mayor porque al averiguar por el propietario del vehículo, del cual queda grabada la placa en la cámara de seguridad, llegan al nombre de la esposa del mayor, es decir, la camioneta era de propiedad de su cónyuge Paola Andrea Suárez Galvis. Posteriormente, cuando la Policía les indica a los investigadores que la mujer aparecía en la base de datos de la entidad como cónyuge del mayor, la Fiscalía le pide al comerciante que haga un reconocimiento facial del uniformado y lo reconoce de inmediato.
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En el videode la cámara de seguridad, se ve cuando el comerciante pone la maleta con el dinero en el baúl del vehículo y cuando todos ingresan al mismo y continúan el rumbo desconocido.
Finalmente, el cuarto momento es cuando en una vía se ve cuando la camioneta se estaciona, el comerciante se baja y el vehículo continúa su rumbo. Según la denuncia, en ese momento el comerciante pide que lo dejen llamar al dueño del dinero, otro comerciante de San Andresito,y los uniformados le dicen, supuestamente, que se baje y que llame desde un teléfono público pero que deje la maleta al interior de la camioneta. Apenas se baja del auto, los expolicías siguen el rumbo y se quedan, según la investigación, con los cerca de 800 millones de pesos.
Con estos seguimientos, la Fiscalía trata de demostrarle al juez de garantías de Bogotá que la denuncia y la narración de los hechos que realizó el comerciante es congruente y coincide con los puntos clave del recorrido de más de tres horas en el que estuvo acompañado, todo el tiempo, por los uniformados. Para la fiscal del caso, el mayor Salazar y los patrulleros Castillo y Quintero serían responsables de los delitos de concierto para delinquir, secuestro y hurto calificado.
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