El general en retiro Mario Montoya deberá comparecer este jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder si tiene conocimiento o participación en casos de falsos positivos en Antioquia, ocurridos entre 2002 y 2003, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín.
La JEP decidió citarlo después de que fuera mencionado por 24 militares que estuvieron bajo su mando y que darían cuenta de una presunta participación de Montoya en estos hechos. En primer lugar, la audiencia se iba a desarrollar en Bogotá; pero posteriormente la justicia transicional decidió hacer la versión en Medellín, por petición de las víctimas.
La diligencia se hará por medio de una sala espejo: es decir, aunque estarán en el mismo lugar, víctimas y el compareciente, en este caso Montoya, no se verán frente a frente, sino que estarán en salones separados. Decisión que fue cuestionada por las víctimas, quienes consideran se podrían ver afectados sus derechos.
"Aflora de manera común un sentimiento de indignación, ya que las víctimas consideran que con dicha medida lo que se busca privilegiar es la comodidad del compareciente, y no garantizar escenarios restaurativos para las víctimas. Ello teniendo en cuenta que, el día 13 de septiembre del año 2018, Mario Montoya Uribe fue citado conjuntamente por la Sala de definición en situaciones jurídicas y la SRVR, para suscribir el régimen de condicionalidad. En dicha oportunidad se hizo una audiencia pública en las instalaciones de la JEP, en la que se permitió que, tanto el compareciente como las víctimas, estuviesen en un mismo recinto", se lee en el documento enviado a la JEP.
Lo que argumentó la justicia transicional es que habrá un momento para que las víctimas puedan hacer preguntas a Montoya, pero que no son las versiones voluntarias ese espacio. Por lo que en este momento pueda haber una revictimización, debido a que no se han hecho los preparativos para que las víctimas estén en este espacio.
"Deben garantizarse las condiciones necesarias para que las víctimas puedan participar de manera directa en las diferentes instancias de la JEP con una debida preparación. De lo contrario, los derechos de las víctimas se constituyen como nociones difusas dentro del Sistema Transicional, desconociendo de esa manera los procesos de resignificación y dignificación de las víctimas; incluso siendo tendiente a convertirse en procesos revictimizantes y prestarse para posibles manipulaciones alrededor de sus reclamaciones", argumentan los defensores de las víctimas.
La solicitud que se elevó a la JEP para que la audiencia no se hiciera en Bogotá, sino en Medellín, tenía el objetivo de que las víctimas de Antioquia pudieran estar en la diligencia. Lo acordado hasta el momento es que en la audiencia puedan intervenir tres abogados que transmitan las preguntas, dudas o reclamos que haya en el transcurso de la versión voluntaria de Montoya.
Hace tres años fue la última vez que el general asistió a la justicia transicional, y en ese momento sí estuvieron en el mismo espacio las víctimas.
"El estar presentes en un mismo lugar con el compareciente, la magistratura y sus abogados, si bien puede representar un momento de tensión o angustia, no necesariamente conduce a la materialización de un daño a su integridad, salud mental o escenarios de revictimización. Por el contrario, considerar que las víctimas no cuentan con elementos para enfrentar situaciones dolorosas, para tramitar las emociones que les generen, o pretender aislarlas de un contexto en el que pueden encontrar sentidos y significados para sus experiencias individuales y colectivas, es ponerlas en un lugar de infantilización y desvalimiento", se finalizó en el documento.
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