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La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el gobernador del Vichada, Hecson Alexis Benito Castro, por su responsabilidad en el delito de peculado por apropiación. El fallo ratifica la sentencia de siete años y nueve meses de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Villavicencio en septiembre de 2023, derivada de irregularidades en un contrato suscrito en 2012 cuando era alcalde de Santa Rosalía.
El proceso judicial está relacionado con la construcción de un puente sobre el río Güichire, cuyo contrato ascendía a $13.719.876. A pesar de que el mandatario afirmó no haber sido notificado, la Sala Penal de la Corte desestimó un recurso de impugnación especial presentado por su defensa y decidió mantener en firme la sentencia, incluyendo una multa de casi $14.000 millones y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena privativa de la libertad.
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Este fallo deja en incertidumbre la istración del Vichada, ya que se deberá convocar a nuevas elecciones para reemplazar a Benito Castro.
La investigación estableció que, durante su mandato como alcalde de Santa Rosalía entre 2012 y 2015, Benito Castro autorizó sin un proceso contractual formal la construcción de un puente en una zona cercana al resguardo indígena Sáliba.
Un ciudadano identificado como Ramón Caribana fue quien ejecutó la obra con apoyo de la comunidad. En apenas seis días, la estructura quedó lista, con un presupuesto de tres millones de pesos destinados a materiales y pagos diarios de $30.000 para los trabajadores y $60.000 para el maestro de obra.
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Sin embargo, posteriormente, Benito Castro firmó un contrato con el constructor Wilfredo Castillo para la ejecución de la misma obra, por un monto de $15.590.000. De esta suma, se le entregaron $13.719.876 a Castillo por supuestas adecuaciones al puente, pese a que ya estaba terminado.
Por estos hechos, el Tribunal Superior de Villavicencio condenó tanto a Benito Castro como a su entonces secretario de Planeación, imponiéndoles 93 meses de prisión, la prohibición de ejercer funciones públicas por el mismo tiempo y una multa equivalente al valor del contrato.
Wilfredo Castillo también fue declarado culpable por su participación en la apropiación indebida de los recursos y por asociación para cometer delitos contra la istración pública.
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El caso tuvo otro episodio en 2018, cuando la Fiscalía capturó a Benito Castro tras descubrirse que intentó sobornar con $40 millones al fiscal del Vichada, Luis Orlando Suárez, para que alterara las pruebas en su contra. A pesar de esta captura, en primera instancia fue absuelto y recuperó la libertad.
En 2023, cuando Benito Castro se postuló a la Gobernación del Vichada con el aval del Partido de la U, el proceso judicial volvió a ser objeto de debate. La condena emitida por el Tribunal de Villavicencio generó dudas sobre su candidatura y llevó a que ciudadanos solicitaran su anulación ante el Consejo Nacional Electoral.
No obstante, esta petición fue rechazada, ya que el recurso de doble conformidad presentado por su defensa dejó sin efectos la decisión de segunda instancia.
Con la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema, la permanencia de Benito Castro en el cargo es inviable y la istración departamental deberá prepararse para un nuevo proceso electoral.
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