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Este jueves, 25 de abril, el juez 24 de control de garantías va a decidir si envía a la cárcel a los responsables en el caso de la presunta red criminal dedicada al tráfico y adulteración de medicamentos para el tratamiento del cáncery el VIH/SIDA.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de siete individuos. Según las averiguaciones, se especializaban en obtener medicamentos destinados a tratamientos oncológicos y antirretrovirales, los desviaban de su destino original en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los sometía a peligrosas alteraciones para su posterior comercialización en el mercado negro.
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Este modus operandi, no solo privaba a los pacientes de recibir el tratamiento vital que necesitaban, sino que también ponía en grave riesgo su salud al ofrecerles productos adulterados cuyos efectos podían ser desconocidos y potencialmente mortales. Los operativos tuvieron lugar en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y en diversos barrios del sur de Bogotá.
A los siete individuos detenidos se les imputaron cargos como concierto para delinquir hasta corrupción de alimentos y enajenación ilegal de medicamentos. Sobre este caso hay expectativa de las determinaciones contra los señalados Jairo Alejandro Zapata Marroquín y Leidy Johana Saldaña González, trabajadores del sector salud. Estos dos presuntos integrantes de la red criminal son investigados de apoderarse de los medicamentos destinados a pacientes oncológicos que solicitaban su servicio a domicilio.
Sin embargo, la defensa a cargo de la abogada Irma Cifuentes ha solicitado que esta pareja no sea enviada a la cárcel entre otras cosas porque Jairo Zapata padece de cáncer y no representan un peligro para la sociedad. También porque la defensa insiste que ellos no hacen parte de ese entramado criminal pese a que si desviaban los medicamentos a modo de donaciones a personas que no tenían la capacidad de pagar los medicamentos.
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“No puede tenerse como un peligro para la sociedad, su único pecado ha sido tener una visión solidaria con las personas que como él padecen una enfermedad terminal y recibir de familiares de quienes por ellas han fallecido medicamentos que en lugar de ser desechados han sido donados o vendidos a menores precios o donados no por lucro sino para seguir ayudando, eso obviamente no le quita su responsabilidad pero quiero darle entender al señor juez que lo ha hecho con convicción y por el problema que él ha tenido(cáncer)”
Asimismo, la defensa argumentó que no hay riesgo de fuga ya que su cliente debe someterse cada 21 días a quimioterapia por lo que sería un riesgo para su vida no asistir a esas citaciones. Los otros presuntos de la red criminal son Edgar Javier Camacho Wilches, quien sería el presunto cabecilla de la organización, Martha Yolanda López Ángel y William Camilo Ospina González, propietarios de establecimientos farmacéuticos, a Los que se les atribuye el almacenamiento y comercialización de medicamentos alterados o vencidos. Carlos Andrés Gómez Barbosa, presunto distribuidor y comercializador de los productos alterados.Efrén Vera Yate, quien estaría involucrado en la alteración de las fechas de vencimiento y otras características de los medicamentos.
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