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Este jueves, 25 de abril, el juez 24 de control de garantías va a decidir si envía a la cárcel a los responsables en el caso de la presunta red criminal dedicada al tráfico y adulteración de medicamentos para el tratamiento del cáncery el VIH/SIDA.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de siete individuos. Según las averiguaciones, se especializaban en obtener medicamentos destinados a tratamientos oncológicos y antirretrovirales, los desviaban de su destino original en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los sometía a peligrosas alteraciones para su posterior comercialización en el mercado negro.
Este modus operandi, no solo privaba a los pacientes de recibir el tratamiento vital que necesitaban, sino que también ponía en grave riesgo su salud al ofrecerles productos adulterados cuyos efectos podían ser desconocidos y potencialmente mortales. Los operativos tuvieron lugar en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y en diversos barrios del sur de Bogotá.
A los siete individuos detenidos se les imputaron cargos como concierto para delinquir hasta corrupción de alimentos y enajenación ilegal de medicamentos. Sobre este caso hay expectativa de las determinaciones contra los señalados Jairo Alejandro Zapata Marroquín y Leidy Johana Saldaña González, trabajadores del sector salud. Estos dos presuntos integrantes de la red criminal son investigados de apoderarse de los medicamentos destinados a pacientes oncológicos que solicitaban su servicio a domicilio.
Sin embargo, la defensa a cargo de la abogada Irma Cifuentes ha solicitado que esta pareja no sea enviada a la cárcel entre otras cosas porque Jairo Zapata padece de cáncer y no representan un peligro para la sociedad. También porque la defensa insiste que ellos no hacen parte de ese entramado criminal pese a que si desviaban los medicamentos a modo de donaciones a personas que no tenían la capacidad de pagar los medicamentos.
“No puede tenerse como un peligro para la sociedad, su único pecado ha sido tener una visión solidaria con las personas que como él padecen una enfermedad terminal y recibir de familiares de quienes por ellas han fallecido medicamentos que en lugar de ser desechados han sido donados o vendidos a menores precios o donados no por lucro sino para seguir ayudando, eso obviamente no le quita su responsabilidad pero quiero darle entender al señor juez que lo ha hecho con convicción y por el problema que él ha tenido(cáncer)”
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Asimismo, la defensa argumentó que no hay riesgo de fuga ya que su cliente debe someterse cada 21 días a quimioterapia por lo que sería un riesgo para su vida no asistir a esas citaciones. Los otros presuntos de la red criminal son Edgar Javier Camacho Wilches, quien sería el presunto cabecilla de la organización, Martha Yolanda López Ángel y William Camilo Ospina González, propietarios de establecimientos farmacéuticos, a Los que se les atribuye el almacenamiento y comercialización de medicamentos alterados o vencidos. Carlos Andrés Gómez Barbosa, presunto distribuidor y comercializador de los productos alterados.Efrén Vera Yate, quien estaría involucrado en la alteración de las fechas de vencimiento y otras características de los medicamentos.
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