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Este miércoles, 8 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó las primeras imputaciones en el Caso 05, el cual investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Según la entidad, diez antiguos de dos frentes de las extintas FARC son responsables por 14 crímenes de guerra y lesa humanidad, que, además, incluyen homicidios, desplazamiento y reclutamiento de menores, cometidos en el suroeste de Colombia.
Los ex, que integraron las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, del antiguo Bloque Occidental de las FARC, son los primeros en ser imputados por reclutamiento forzado de menores, un delito que constituye por sí mismo un caso aparte; sin embargo, ha sido considerado en este caso.
En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Raúl Sánchez, magistrado de la JEP, y Camilo Fagua, abogado de la coordinación nacional de la defensa para los firmantes del acuerdo de paz, hablaron sobre el Caso 05 y la imputación a los exintegrantes de las Farc.
“A nivel territorial, lo que nos hemos dado cuenta es que las estructuras de las Farc, los comparecientes, los informes, las víctimas y todo el trabajo que se hizo nos han llevado a concluir que hubo una serie de reclutamientos ilícitos”, explicó Raúl Sánchez, magistrado de la JEP.
Por su parte, el abogado de la coordinación nacional de la defensa para los firmantes del acuerdo de paz, Camilo Fagua, explicó lo importante que es la Jep y la reparación de las víctimas.
“No se trata de una sentencia, es apenas un primer paso en el proceso de contrastación que tiene como función la Sala de Reconocimiento a partir de la información suministrada por las organizaciones de víctimas y la Fiscalía”, manifestó Fagua.
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Para Fagua, los firmantes del acuerdo de paz han tratado de reparar a sus víctimas y los daños que han hecho.
“Los firmantes del acuerdo de paz le han cumplido al país, le han cumplido a las víctimas en relación con su al derecho a la verdad”, aseveró.
Motivos de la imputación a los diez ex de las Farc
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Los magistrados de la JEP aseguraron en una rueda de prensa que estos grupos de las FARC cometieron crímenes de guerra, como tomas guerrilleras "llevadas a cabo sin el debido respeto a los principios de distinción y proporcionalidad" establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para imponer su control de este territorio del suroeste del país.
La JEP identificó en el actuar de las FARC varios patrones criminales, como el hecho de que la expansión de la guerrilla desde las montañas a partir de 1993 "afectó profundamente a la población civil, a los territorios ancestrales y colectivos y a la naturaleza".
"El control social y territorial comenzó con la ocupación armada de los territorios de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos transgrediendo las autoridades étnicas y luego continuó con numerosas estrategias para lograr el control social y territorial de la población", consideraron los magistrados.
En ese avance expulsaron a las autoridades de cada territorio, matando a cientos de personas y desplazando a mucha población. Pero también se dieron muertes y desapariciones forzadas de indígenas, campesinos y otra población.
"Ante la JEP los comparecientes reconocieron la existencia de una política en la extinta guerrilla de asesinar a personas de la población civil señaladas de ser informantes, colaboradores, enemigos o líderes contrarios a esa organización", explicó el tribunal.
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