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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue aceptado por la JEPtras algunas diligencias, tanto públicas como reservadas, en las cuales se refirió a las presuntas alianzas entre empresarios, militares y políticos con las autodefensas.
Posteriormente, se conoció que, en su audiencia reservada, Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la masacre de El Aro.
Teniendo en cuenta que Mancuso pidió que esta información fuera reserva, interpuso una tutela ante la JEP para que se le protegieran sus derechos a la vida, al debido proceso y a la integridad personal.
Esta jurisdicción declaró improcedente la tutela, argumentando que se estaban tomando acciones para evitar que se vuelvan a presentar filtraciones de información reservada y también aseguró que hay un estudio sobre la situación de seguridad de los defensores de Mancuso. Pero, además, dice que el exjefe paramilitar no aportó pruebas sobre las amenazas que recibió y el aumento del riesgo tras la filtración.
Mancuso decidió impugnar la tutela y en un escrito de 11 páginas enviado a la jurisdicción solicitó que se le amparen sus derechos, insistiendo en la gravedad de la filtración realizada y el aumento de riesgo tras lo sucedido tanto para él como para su familia y su defensa.
En primer lugar, Mancuso insistió en que se violó el debido proceso, pues se incumplió un acuerdo expreso de confidencialidad.
Debe tenerse en cuenta que, como se relaciona en el siguiente acápite, desde mi solicitud de sometimiento y a lo largo de la preparación para la audiencia única de verdad, he sido enfático en solicitar medidas de protección, incluyendo la reserva de la información de los aportes a la verdad entregados ante la Jurisdicción. Sin embargo, la filtración de la información objeto de reserva el mismo día que fuera aceptada mi comparecencia, da cuenta de que la SDSJ, como garante del proceso, no adoptó las medidas necesarias para la protección de la información
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Pero Mancuso también manifestó que las medidas tomadas por las secciones que tenían a cargo la información no fueron suficientes y debido a esta situación se genera una desconfianza de quienes quieran comparecer ante la JEP, afectando los derechos de las víctimas, quienes quieren conocer la verdad.
“La falta de garantías no solo causa riesgos ciertos a mi integridad física y mi vida, así como a la de mi familia y grupo de defensa, sino que da un mensaje sobre la falta de garantías a las cuales estaría sometida la participación de los comparecientes ante la Jurisdicción, desmotivando la participación de quienes han optado por participar ante este mecanismo judicial como una posibilidad de cierre del conflicto armado y, por tanto, afectando directamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”, se lee en el documento.
En el mismo sentido, señaló que el hecho de que la JEP no cuente con elementos de seguridad suficientes para hacer aportes de verdad no solo perjudica al compareciente, sino a las víctimas, e incluso a la sociedad colombiana y a los mismos implicados en los procesos, pues no se les estaría respetando el principio de inocencia. Ante esto solicitó que se tomen medidas de protección de información adicionales como, por ejemplo, disponer de niveles de accesibilidad de la información.
Solicito que dicha reserva se mantenga hasta la definición de mi situación jurídica en la JEP sin que ello obste para que los procesos y compulsas de copias (derivados de la información reservada) avancen en las diferentes instancias judiciales y disciplinarias a las que fue remitida tal información reservada. Adicionalmente, es necesario que se establezca un Protocolo para la protección de la información reservada y los pasos a seguir en casos de filtración de información. Otorgar garantías jurídicas para la participación de los comparecientes es un requisito sine qua non para garantizar los derechos de las víctimas
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Avanzó, además, explicando que la reserva de la información permite una participación adecuada en todo el proceso judicial. También pidió garantías de seguridad para él, su familia y sus abogados, pues considera que se deben tomar medidas de fondo frente a la protección de la información que continúa bajo reserva y la que él pueda seguir aportando a la jurisdicción. Mancuso también dijo que sus abogados e hijos han recibido llamadas amenazantes.
“Detallando tales llamadas en estas les han dicho que por favor se cuiden, que la filtración de las audiencias reservadas involucra la responsabilidad de muchas personas poderosas que los pone en riesgo a todos ellos, que si el suscrito y la JEP no están pensando en ellos y en sus familias. Son llamadas telefónicas o encuentros verbales con amigos. También se ha observado reacciones fuertes de las reservas activas y de militares en retiro y activos en las redes sociales, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros muy disgustados con el abajo firmante, con sus declaraciones y con la decisión de la JEP de aceptarlo en esa Jurisdicción”, relató el exjefe paramilitar a la JEP.
Las llamadas y amenazas se habrían dado, según relató Mancuso, tras las filtraciones, por lo que él aseguró que esta situación representa un riesgo “significativo” que compromete la integridad y la seguridad de los involucrados en el proceso.
“Estas amenazas pueden tener un impacto directo en la disposición de comparecientes y otras partes involucradas para cooperar plenamente con la justicia. La intimidación a través de llamadas telefónicas puede disuadir a las personas de proporcionar testimonios cruciales o de participar activamente en el proceso judicial, lo que compromete la capacidad del sistema legal para obtener información precisa y completa. En todo caso mi compromiso con aportar verdad plena en el marco de mi comparecencia ante la JEP se mantiene incólume. riesgo asociado con la recepción de amenazas a través de llamadas telefónicas durante un proceso judicial es un desafío que no solo afecta la seguridad personal de los involucrados, sino que también puede debilitar la integridad del sistema legal en su conjunto”, explicó Mancuso en el documento.
Es por esto que reiteró que las medidas tomadas por la JEP para proteger la información y garantizar la reserva no fueron suficientes y ahora deben implementarse unas más robustas. Señaló que se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, integridad personal y a la vida.
Este escenario plantea no solo riesgos para la privacidad de la información respecto de las partes involucradas, sino también amenazas para la integridad del propio sistema judicial.
Abordar la insuficiencia e ineficacia de las medidas de seguridad y reserva de información en este proceso judicial requiere una atención urgente para salvaguardar la integridad del sistema legal y proteger los derechos fundamentales de las partes involucradas
Por otro lado, también pidió que se le ordene a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP que proceda a proferir nuevas y reforzadas medidas de protección a la reserva de la información aportada.
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“Omisiones de este nivel por parte de la autoridad competente para velar por el proceso genera falta de confianza e inseguridad jurídica a los comparecientes y una vulneración a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, puesto que desmotiva a los comparecientes a brindar información valiosa dentro del proceso por falta de garantías. Un compareciente no está obligado a lo imposible, no se le puede exigir su participación en un proceso judicial cuando no se ofrecen garantías mínimas dentro del mismo para su seguridad”, finalizó el documento.
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