Procuraduría inspecciona al Sena para verificar contrato para prestación de servicios TIC

Este martes, 12 de noviembre, se realizó una inspección judicial a cabo por la Procuraduría General de la Nación al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), debido a posibles irregularidades en un contrato de servicios tecnológicos TIC para los estudiantes que se han visto afectados ya que no se renovó dicho contrato.La diligencia, realizada por el procurador delegado Marcio Melgosa Torrado, busca recolectar información sobre los costos de la nueva modalidad adoptada por el Sena y el estado actual de la contratación para los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).Según fuentes oficiales, la inspección se debe a las quejas y reclamaciones presentadas por estudiantes y s en general, quienes han denunciado la mala prestación del servicio. El contrato de urgencia manifiesta, que concluyó en octubre pasado, ha generado incertidumbre sobre el futuro de la prestación del servicio."Advertimos que hay quejas y reclamaciones por parte de los estudiantes y de los s en general por la mala prestación del servicio. Esto se deriva de el contrato de urgencia manifiesta que concluyó en octubre su plazo, y que a estas alturas no se sabe qué va a pasar con la prestación del servicio", declaró Mario Melgoza, procurador Delegado.La Procuraduría Delegada busca esclarecer los motivos por los cuales se suspendieron los servicios y el Plan de Acción implementado por el Sena. Además, se busca determinar si la entidad ha cumplido con los requisitos necesarios para la contratación de los servicios TIC.El Sena había anunciado que, junto con otro operador estatal, entraría a suplir la necesidad de servicios tecnológicos para los estudiantes, después de no renovar el contrato con el proveedor anterior. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación ha decidido intervenir para garantizar la transparencia y legalidad en el proceso."La actuación preventiva se desarrollará en forma independiente de las demás funciones misionales de la PGN. Dicha actuación no implica en modo alguno la coistración o injerencia en las decisiones istrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas", añade un documento del Ministerio Público.