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La Procuraduría General de la Nación puso la lupa en la gestión de Eduardo José González, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien ocupó el cargo entre 2018 y 2022. El ente de control formuló un pliego de cargos en su contra, señalando presuntas irregularidades en la firma de cuatro contratos destinados a enfrentar la crisis sanitaria durante la pandemia de COVID-19.
Según la Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal, González, como responsable del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, instruyó a la Fiduprevisora para gestionar estos contratos a través de la subcuenta destinada a mitigar las emergencias derivadas del COVID-19.
Sin embargo, se alega que los contratistas seleccionados carecían de la experiencia y la capacidad legal necesarias para cumplir con los compromisos. Las empresas elegidas, dedicadas a actividades como la venta de pólvora, la construcción, la comercialización de licores y la pesca, aparentemente no contaban con la pericia requerida para ejecutar los contratos firmados.
Uno de los contratos más controvertidos fue el que involucraba más de $93.500 millones para el suministro de ventiladores destinados a las unidades de cuidados intensivos (UCI), vitales para salvar vidas durante la emergencia sanitaria. El incumplimiento de este contrato fue destacado por el Ministerio Público, que lo calificó como una acción irresponsable con graves consecuencias para la atención de los pacientes.
La Procuraduría también resaltó que las acciones de González habrían transgredido el principio de moralidad pública, al no cumplir de manera adecuada con sus deberes funcionales. Esta conducta fue provisionalmente clasificada como una falta grave, atribuida a una culpa gravísima.
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