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Después de que más de 70 uniformados de la Policía terminaran secuestrados tras una asonada campesina en San Vicente del Caguán, en Caquetá, la Procuraduría anunció que tomará medidas disciplinarias por la demora que se presentó para apoyar a esos funcionarios.
Por eso, envío a la zona una comisión de derechos humanos, liderada por la Procuradora regional, para que avancen las investigaciones en esa materia y se conozca a fondo la situación que está ocurriendo en ese municipio colombiano.
“Vamos a actuar primero desde el punto de vista preventivo, adicionalmente, las investigaciones disciplinarias correspondientes por algunas quejas en cuanto a la demora en la llegada del apoyo logístico para la Policía”, dijo la Procuradora General, Margarita Cabello.
Para la Procuradora está situación es “la crónica de una muerte anunciada”, debido a que ya le habían reportado al Gobierno y enviado una carta al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre lo que podría suceder frente a las reclamaciones de los campesinos.
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