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La Procuraduría General de la Nación radicó una tutela en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se haga efectiva la anunciada priorización del macrocaso que investigará los casos de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado.
Lo anterior ante la persistencia en la vulneración de los derechos fundamentales a la verdad y al a la justicia de lasvíctimas de violencia sexual y violencias basadas en género.
En su escrito, el Ministerio Público precisó que el ejercicio judicial que ha desarrollado la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Determinación de Hechos y Conductas (SVRV), no ha acercado a la JEP al cumplimiento de la investigación, juzgamiento y sanción de los presuntos responsables en dichos casos.
“Hemos estado expectantes desde la misma apertura de la JEP, en 2018 a que el tema se aborde, no solamente por su complejidad, sino por la necesidad ingente de que se dé a conocer todo lo ocurrido en medio de un conflicto con las mujeres y con la población LGTBI, que más que ha sufrido este tipo de agresiones", expresó el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal.
De acuerdo con el funcionario, la preocupación poco a poco ha venido aumentando, porque según su argumento el tiempo se reduce y las víctimas de estos hechos no han tenido la posibilidad de una tutela judicial efectiva.
"Necesitamos que, de inmediato, la JEP abra precisamente este Macrocaso, para que las víctimas se puedan acreditar, para que puedan interactuar para que puedan tener a la verdad y, por supuesto, estructurarle algunas garantías de reparación y de no repetición", agregó.
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Para la Procuraduría, la larga espera en la apertura de este macrocaso constituye un grave perjuicio para las víctimas por cuanto no se garantiza el oportuno a la justicia, ni el plazo razonable en el trámite de las investigaciones sobre graves infracciones a los Derechos Humanos y al DIH.
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