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Javier Redondo, director jurídico de la cárcel de mediana seguridad Rodrigo De Bastidas de Santa Marta, habría falsificado una boleta de libertad ordenada por un juez para dejar libre al interno Farián Andrés Zúñiga Ramos, quien estaba preso por el delito de tráfico de estupefacientes. El director habría recibido cerca de $15 millones.
Fuentes cercanas a Blu Radio confirmaron que el recluso negoció con Redondo para que lo dejaran libre, por lo que le habría cobrado una suma de 30 millones de pesos con el fin de “solucionarle la libertad”; sin embargo, el recluso solo le pagó 15 millones de pesos para recobrar su libertad.
El negocio, según fuentes, consistía en que luego del pago, el director falsificaría la boleta de libertad del recluso de las instalaciones de la cárcel de Santa Marta, algo que finalmente se hizo con la falsificación de la firma del juez Jonas David Gámez Arrieta y por cual el hombre quedó en libertad.
Sin embargo, el recluso duró solo un día en libertad, ya que gracias a la acción oportuna del Inpec, de la Policía y del director de la cárcel de Santa Marta, que alertaron por la falsificación de documentos, se inició un operativo para recapturarlo, por lo que Zúñiga está nuevamente tras las rejas.
Además, no solo falsificaron la boleta de libertad, documento conocido por Blu Radio, sino que además falsificaron antecedentes judiciales del recluso Farián Andrés Zúñiga Ramos.
El juzgado nunca emitió esa orden de libertad pero sí se materializó y se dieron cuenta porque nunca hubo notificación del juzgado ni correos electrónicos ni minutas que demostraran la solicitud del juzgado para otorgarle la libertad. Por estos hechos el Inpec ya abrió una investigación al respecto y se tomarán medidas contra los responsables.
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Esa cárcel ha sido polémica porque en el pasado 7 de septiembre dejaron entrar un ataúd a ese penal, todo porque un preso habría pedido permiso para ir al velorio de su amigo y como se lo negaron le llevaron el ataúd hasta la cárcel donde se encuentra recluido.
Según la investigación, el ataúd habría sido ingresado a la cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta por el pabellón 1, con el fin de que los internos pudieran despedirlo. El director del Inpec anunció que abrió una investigación al respecto y esto llevó a que apartaran del cargo al director de esa cárcel.
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