Hay más de diez procesos de responsabilidad fiscal y dos indagaciones preliminares por 26.474 millones de pesos en el departamento del Amazonas, según informó este jueves, 2 de marzo, la Contraloría General de la Nación.
¿Cuáles son las irregularidades que encontró la Contraloría en el Amazonas?
- El primero tiene que ver con irregularidades en un contrato del 23 de diciembre, de 2019, entre la Gobernación del Amazonas y el Consorcio Alimentación Infantil 2020 por $2.917 millones. Allí, el contratista no legalizó los pagos debido a que tampoco se suministraron los soportes de entrega de los alimentos.
- El segundo contrato tiene irregularidades del 23 de diciembre, de 2019, por un valor inicial del daño al patrimonio público de $1.885 millones, suscrito entre la Gobernación del Amazonas y el Consorcio Alimentación Infantil 2020. En este hubo ausencia de soportes respecto a la amortización del anticipo, igualmente, porque no se devolvió los rendimientos financieros.
- El tercer contrato del 22 de febrero, de 2021, tiene presuntas irregularidades por cuenta de pagos sin legalizar, debido a que no se suministraron los soportes de ejecución de marzo-agosto de 2021. También por ausencia de soportes respecto a la amortización del anticipo, igualmente, por la no devolución de los rendimientos financieros causados por dicho concepto. Este contrato que se dio entre la Gobernación del Amazonas y la Unión Temporal Katawa es de $1.838 Millones.
- Un cuarto contrato, del 2019, tiene que ver con presuntas irregularidades en el suministro de víveres en los internados del Amazonas porque no hay soportes en la ejecución de los recursos. El valor inicial del daño al patrimonio público es de $ 860 millones.
- Un quinto contrato en relación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) tiene que ver con uno del 28 de diciembre de 2018. En este caso la Contraloría adelanta proceso ordinario de responsabilidad fiscal por irregularidades evidenciadas en este contrato por valor de $4.468 millones y un plazo de ejecución de 11 meses.
A su vez, la Contraloría encontró irregularidades en la construcción del muelle fluvial del municipio de Leticia; por eso, la entidad adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades del contrato del 8 de noviembre, de 2018. Este contrato fue con la Unión Temporal Faro por un valor de $12.600 millones y con un plazo de ejecución de doce (12) meses. El valor al que asciende el daño imputado es de $ 9.581 millones.
En este proceso ya fue imputada responsabilidad fiscal y se decretaron medidas cautelares contra los presuntos responsables. Además, se vinculó en debida forma a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
Los presuntos responsables fiscales son:
- José Huber Araujo Nieto, en su condición de alcalde del municipio de Leticia - Amazonas en el periodo 2016 a 2019.
- Jorge Luis Mendoza Muñoz, en su condición de alcalde del municipio de Leticia - Amazonas para el periodo 2020 a 2023.
- Argemiro Perdomo Santos, en su condición de secretario de Planeación e Infraestructura desde el 05 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019.
- Victor Julio Segura Ruiz, en su condición de secretario de Planeación e Infraestructura desde el 03 de enero de 2020 a 2021.
- Traing Trabajos de Ingeniería S.A.S: representado legalmente por Edgar Eduardo Santacruz Morales como miembro de la Unión Temporal FARO.
- Ingeniería W.H, representada legalmente por Winston Onésimo Hernández Casallas como miembro de la Unión Temporal FARO.
- Ingeniería y construcciones FARO S.A.S, representada legalmente por Luis Carlos Falla González como miembro de la Unión Temporal FARO.
- Cayena Consultores e Interventores S.A.S: representada legalmente por Rodrigo José Piedrahita Amín, como miembro del Consorcio INTERFLUVIAL.
- Hergoms S.A.S: representada legalmente por Jhonattan Alejandro Camargo Ávila, como miembro del Consorcio INTERFLUVIAL.
Por otro lado, se imputó responsabilidad fiscal por las siguientes cuatro irregularidades:
- Mayores cantidades de obra pagadas en el contrato de obra 688 de 2015.
- Pago del ítem de gestión socioambiental sin legalización de los debidos soportes de su causación
- Irregularidades en el recaudo por impuesto de estampillas pro universidades estatales y pro Universidad de la Amazonía.
- Sobrecostos del ítem de movilización y desmovilización de equipos.
Igualmente, se decretaron medidas cautelares y se vincularon aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
Hay otras irregularidades a las cuales la Contraloría les tiene un ojo encima: sistema de aguas de la urbanización Manguaré, Leticia, por un valor de 301 millones de pesos; un contrato entre Leticia y Álvaro Silva Herrera - Comercializadora Getsemaní por 1.000 millones de pesos; la construcción de un sendero peatonal entre la zona alta de Puerto Nariño y la comunidad indígena de San Martín de Amacayacu en el qué hay un presunto daño al patrimonio de 4.896 millones de pesos.
Y finalmente hay un proceso de responsabilidad fiscal sobre las irregularidades del relleno sanitario del municipio de Nariño allí en el Amazonas. Según la Contraloría, hay un presunto daño al patrimonio público por 391 millones de pesos.
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