¿Por qué capturaron al senador Ciro Ramírez?

La Corte Suprema de Justicia envió a prisión al senador Ciro Ramírez, del partido Centro Democrático, por su presunta participación en un caso de corrupción en al menos 15 contratos en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca entre noviembre de 2020 y finales de 2022.La investigación contra Ramírez se inició en junio de 2023, luego de que la Procuraduría General de la Nación recibiera denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en los tres departamentos mencionados.Según la Corte Suprema, Ramírez está acusado de los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. El congresista habría utilizado su influencia para favorecer a empresas contratistas a cambio de pagos ilegales.Entre los contratos investigados se encuentra uno por un valor de 9.000 millones de pesos (unos 2,2 millones de dólares) para la construcción de un centro de salud en el municipio de Ibagué, Tolima. En este caso, la Corte Suprema señaló que Ramírez habría recibido sobornos por parte de la empresa contratista para que la adjudicación del contrato se realizara a su favor.La captura de Ramírez es un golpe al partido Centro Democrático, que ha sido golpeado por varios escándalos de corrupción en los últimos años. El senador es el segundo congresista del partido que es capturado por corrupción en lo que va de año. En enero, la Corte Suprema envió a prisión al exsenador Mario Castaño, también del Centro Democrático.Detalles de la investigación contra Ciro RamírezSegún la Corte Suprema, la investigación contra Ramírez se basa en las siguientes pruebas:Declaraciones de testigos que afirman que el senador recibió sobornos de empresas contratistas.Grabaciones telefónicas en las que Ramírez habla sobre la adjudicación de contratos.Documentos que demuestran que Ramírez utilizó su influencia para favorecer a empresas contratistas.La Corte Suprema también señaló que Ramírez habría utilizado su cargo de senador para presionar a funcionarios públicos para que adjudicaran los contratos a las empresas de su interés.