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Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, reveló detalles de la investigación en curso que involucra a dos destacados excongresistas: Iván Name y Andrés Calle. Según la información compartida por Ospina, la Corte Suprema de Justicia cuenta con elementos para inferir que Name, expresidente del Senado, y Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, habrían recibido millonarios recursos en efectivo provenientes de laUnidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destinados, presuntamente, no a sus propias campañas, sino a las de sus familiares.
La Corte Suprema de Justicia ha recopilado pruebas que señalan que ambos congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Iván Name habría recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido cerca de 1.000 millones.
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Estos recursos habrían sido entregados bajo instrucciones de altos funcionarios de la istración pública, específicamente por órdenes del exdirector del Departamento istrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, y canalizados a través de funcionarios de la UNGRD, según testificaron personas clave en la investigación, como Olmedo López, exdirector de Gestión del Riesgo, y Schneider Pinilla, exsubdirector de la misma entidad.
El dinero habría sido utilizado para financiar las campañas de familiares de ambos excongresistas, según detalló la investigación de la Corte Suprema.
En el caso de Iván Name, los fondos habrían servido para apoyar la candidatura al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name, representante del Partido Verde. En cuanto a Andrés Calle, se habrían destinado recursos para la campaña de su padre, Gabriel Calle de Moya, quien fue elegido alcalde de Montelíbano, y para la de su hermano, Gabriel Calle Aguas, candidato a la Gobernación de Córdoba.
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La Corte Suprema también sugiere que estos millonarios aportes tendrían como contraprestación el respaldo de Name y Calle a proyectos de ley promovidos por el gobierno en el Congreso, aunque en el caso de Iván Name, su defensor ha argumentado que este no era partidario del gobierno y que, por tanto, no habría “vendido” su voto.
Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, recogidos en agosto de 2024, aportaron información crucial sobre el modo, tiempo y lugar en que se habrían realizado las entregas de dinero. Según López, las órdenes de repartir los recursos a Name y Calle provinieron directamente de Carlos Ramón González, entonces director del Dapre y un aliado del Partido Verde.
López afirmó que fue instruido para entregar los fondos antes de las elecciones de 2023 y que esto fue parte de una estrategia para fortalecer las campañas de los familiares de los congresistas.
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Además, Sandra Ortiz, quien en ese momento era consejera presidencial para las regiones, también ha sido implicada en la investigación. Ortiz, descrita por los testimonios como una "mensajera" en el proceso, reconoció su cercanía tanto con Iván Name como con María Clara Name, lo que, según los investigadores, reforzaría el vínculo entre los fondos públicos y las campañas políticas.
Un aspecto crucial en este caso es la definición de cohecho según la Corte Suprema, la cual afirma que este delito implica una conducta indebida, independientemente del resultado final.
Esto significa que, aunque Iván Name no haya respaldado abiertamente todos los proyectos del Gobierno, el simple hecho de recibir fondos para un propósito específico sería suficiente para configurar el delito. Esta interpretación desvirtúa la defensa del abogado Jaime Lombana, quien sostiene que Name no era un aliado directo del gobierno y, por tanto, no incurrió en cohecho.
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La Corte Suprema abrió formalmente una investigación contra Iván Name y Andrés Calle, quienes hasta el 20 de julio de 2024 ocuparon los cargos de presidente del Senado y de la Cámara, respectivamente.
La Sala de Instrucción ha emitido un documento de 45 páginas en el cual detalla los elementos probatorios que sustentan las acusaciones, aunque ha habido un salvamento de voto por parte de la magistrada Cristina Lombana, quien se mostró en desacuerdo con la determinación de la Corte.
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