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A través de un comunicado, el presidenteGustavo Petroinformó que ya designó a un apoderado en el proceso judicial que se adelanta por presunta financiación irregular de su campaña y que han salido a la luz pública en los últimos días durante el proceso judicial que enfrenta su hijo, Nicolás Petro y su exnuera Daysuris Vásquez.
El presidente, además de anunciar el nombre de su abogado, aseguró que recibe con dolor esas informaciones pero que continuará decididamente con su agenda presidencial y las tareas de Gobierno.
“Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa”, asegura el presidente Petro.
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Y reiteró que “en cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda”.
“Para tal efecto, le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente”, informó el mandatario a través del escrito.
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Concluye diciendo que a pesar de este escándalo, “continuará decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor”.
Nicolás Petro
itió que dinero de un antiguo capo del narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre del 2022 y aceptó los cargos por enriquecimiento ilícito y lavados de activos.
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Las acusaciones son graves porque el lavado de activos tiene una pena de entre 10 y 30 años de cárcel y el de enriquecimiento ilícito de 5 a 10 años.
La Fiscalía también imputó ante el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías a la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, arrestada también el pasado sábado, por lavado de activos y violación de datos personales, delito este que es penado con un mínimo de cuatro años y un máximo de ocho.
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