La polémica operación en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 11 personas murieron, según el Ejército, como parte de una estrategia contra las disidencias de las Farc, sigue generando todo tipo de controversias. Fue el 28 de marzo de 2022 cuando el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, le confirmó al país que el Ejército Nacional había dado de baja a nueve presuntos disidentes y capturado a otros cuarto.
Y pese que se confirmó al fin la fecha en que se hará la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 25 militares por la masacre en un bazar campesino, en Alto Remanso, Putumayo, cuando la Fiscalía pediría cárcel contra un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados, finalmente una juez ordenó aplazar la audiencia.
La jueza de Puerto Leguízamo, Putumayo, acogió los argumentos de los abogados defensores de los 25 militares involucrados en la masacre y ordenó que la audiencia de imputación y medida de aseguramiento, esto porque, según ella, no se puede hacer hasta que la Corte Constitucional defina la competencia jurisdiccional, es decir si la lleva la justicia ordinaria o la penal militar.
Según la investigación del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.
Esta decisión de la jueza desató la indignación de las víctimas: "Las víctimas y el suscrito nos encontramos sumamente indignados con la decisión adoptada por el juez, pues por maniobras dilatorias de la defensa de los uniformados imposibilitan el normal funcionamiento de la istración de justicia. Tomaremos cartas en el asunto y no descansaremos hasta que se haga justicia y los responsables paguen por este crimen de lesa humanidad", le contó a Blu Radio, John Fredy Espíndola, abogado de las víctimas.
Razón por la cual quedó en veremos la audiencia en la que las víctimas tenían la esperanza de que se hiciera justicia por la masacre ocurrida en 2022.
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