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A la Fiscalía General de la Nación llegó una denuncia penal contra el ministro de Educación ad-hoc Juan David Correa. Se trata de un documento de 17 páginas firmado por José Ismael Peña, rector designado de la Universidad Nacional, quien ha protagonizado una controversia por haberse autoposesionado en una notaría en medio de las tensiones en el centro educativo que rechazan su designación.
En la denuncia penal se establecen tres motivos, los cuales, considera Peña, se pueden interpretar como un delito de prevaricato por acción, es decir, que en las pocas horas que el ministro asume afrontar la crisis en la universidad, ha actuado contrario a la ley.
Esto teniendo en cuenta que entre las resoluciones que se han expedido en las últimas horas está la de solicitarle al Consejo Superior Universitario que en un plazo de 24 horas nombraran un rector encargado mientras se soluciona la crisis.
“A pesar de que el Consejo Superior Universitario designó legalmente a José Ismael Peña Reyes como rector, el Ministro de Educación Ad Hoc desconoció esta decisión y está promoviendo la imposición de un rector encargado. Así las cosas, lo hecho por el ministro no es legal, pues lo cierto es que la ley 1470 de 2014 en ninguno de sus apartados faculta al Ministro de Educación Ad Hoc para ordenar al Consejo Superior Universitario a nombrar un rector encargado”, dice Peña.
Otro de los motivos que expone José Ismael Peña es que la suplencia de un rector solo se aplica cuando hay una ausencia temporal y es designado por el mismo rector. “Esta normativa asegura que la suplencia solo se aplica en casos de ausencia temporal y no como una duplicidad del cargo cuando ya existe un rector activo. En el caso que nos atañe, no constituye ninguna de las causales, por lo tanto, la resolución resulta contraria a la normatividad”.
Por último, Peña alega que hubo una vulneración en el debido proceso, pues, no se permitió que procediera un recurso de reposición, es decir, reevaluar la decisión antes de proferirla “Así que es claro que solo hubo una intención de proferir una resolución contraria a derecho y que el afectado(s) no tuvieran) posibilidad de controvertir”.
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