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Durante los últimos años,la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP)se ha puesto al frente de la investigación de falsos positivos en varias regiones de Colombia. El objetivo es esclarecer los hechos en que sucedieron estos trágicos homicidios en manos de algunos militares.
Este viernes, 9 de diciembre, la Sala de Reconocimiento de la JEP presentó ante el Tribunal de la Paz 12 de 15 imputados por casos de falsos positivos en el batallón de La Popa, en Valledupar, Cesar, quienes asumieron su responsabilidad en 135 desapariciones forzadas, entre 2002 y 2005, y se pidió que impongan sanciones propias a sus acciones. Mientras que, los tres que no aceptaron su implicación deberán someterse a un juicio.
En diálogo con Blu Radio, el magistrado Óscar Parra explicó el proceso que debe seguir ahora la JEP en este caso de falsos positivos en la Costa Caribe, además, de ser uno de los que ha estado al frente de estos sucesos.
“Esta es una decisión que cierra cuatro años y medio de trabajo en relación con este batallón, en el periodo 2002 y 2005, en ese sentido es una decisión que abre a un proceso sancionatorio de justicia restaurativa que viene con posterioridad y cierra un análisis de macro criminalidad; es decir, analizar hechos que la justicia ordinaria había valorado en forma aislada y adversa, nosotros unificamos esos 135 asesinatos para entender por qué ocurrieron y cuáles eran las modalidades en que involucraron a tantas personas. Determinamos que 15 tienen máxima responsabilidad y ayer se lo contamos al país, 12 de ellos aceptaron esto”, explicó el magistrado.
La JEPreveló que los militares implicados se tratarían de: el mayor Guillermo Gutiérrez, el mayor Heber Gómez, el teniente Carlos Lora, el subteniente Eduart Gustavo Álvarez, el subteniente Elkin Leonardo Burgos, el sargento primero Efraín Andrade Perea, el sargento primero Manuel Valentín Padilla, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, el cabo tercero Elkin Rojas y los soldados profesionales Juan Carlos Soto, Yeris Andrés Gómez y Alex José Mercado Sierra.
Por otro lado, la JEP contó que los militares que no aceptaron su responsabilidad fueron los coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, quienes, según Parra, los resultados operacionales que presentaron en su mandato en el batallón, por ejemplo el primero, el 80 % eran de falsos positivos; mientras que, el segundo con el 52 %.
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“Nosotros con otros elementos de cómo funcionó esta dinámica criminal y como no reconocieron remitimos sus casos a una unidad de investigación y acusación, una Fiscalía de la JEP, que prepara una acusación que estaría hasta el próximo año, lo que permitiría un juicio y una pena de 20 años de prisión”, detalló Parra.
El objetivo de la JEP para el 2023, es seguir trabajando en materia de verdad para reconocer el derecho de las víctimas y avanzar en toda la materia restaurativa, además, espera avanzar en más militares y más casos de falsos positivos en el país.
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