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El pasado sábado 4 de junio se conoció que Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto del presidente Iván Duque Márquez porque, a su juicio, el primer mandatario incumplió las órdenes impartidas por la sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, órgano que profirió la decisión inicial desde el 25 noviembre de 2020. La sanción radica en cinco días de arresto y la cancelación de una suma de $15 millones de pesos.
Juan Felipe Rodríguez Vargas, abogado ibaguereño quien interpuso la acción de tutela en contra de Duque, aseguró en su momento a Blu Radio que “en la historia de Colombia no se había sancionado un presidente de la República”.
Las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar desde la Casa de Nariño, cuando el mismo mandatario afirmó que “la sentencia está más que cumplida y los reportes están”, horas más tarde y ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Presidencia de la República radicó de manera formal una queja en contra de los magistrados del Tribunal de Ibagué, que ordenaron el arresto presidencial, además, en el mismo documento solicitan revisar si los togados tolimenses incurrieron en el delito de prevaricato por acción.
En un comunicado a la opinión pública firmado por Diego Omar Pérez, presidente del Tribunal Superior de Ibagué, relató que la sala V laboral del Tribunal Superior de Ibagué, integrada por los magistrados Carlos Orlando Velásquez Murcia, Mónica Ximena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía, decidieron un incidente de desacato de una acción de tutela en contra del presidente de la Republica, la cual ya había sido fallada por la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 25 de noviembre del 2020.
Además, en el documento del Tribunal Superior de Ibagué reza que las decisiones de los jueces de la República deben respetarse y convertirse en los estradosa través de los instrumentos constitucionales y legales instituidos en el ordenamiento jurídico.
También, el Tribunal señaló que las expresiones del presidente Iván Duque son descalificadoras.
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“La Corporación ante las expresiones descalificadoras del señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, relacionadas con la decisión de la Sala Laboral proferida en su contra y otras autoridades en un incidente de desacato promovido por el accionante Juan Felipe Rodríguez Vargas y el Ministerio Público, además de rechazarlas constituyen una inaceptable y descomedida injerencia en la función judicial”, se lee en el comunicado.
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