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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de laJurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo, el teniente (r) William Eduardo López Pico, el sargento primero (r) Carlos Arturo Malte Pérez y el soldado profesional (r) Duberney Lugo, exintegrantes del Gaula Militar Tolima, quienes serían responsables por al menos 14 casos de falsos positivos en el departamento, que se presentaron entre 2006 y 2008.
"Estas operaciones ilegítimas se habrían ejecutado con el apoyo de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional (Rime) a la cual pertenecía José Wilson Camargo Arévalo. También habrían contado con el apoyo de funcionarios del extinto Departamento istrativo de Seguridad (DAS), entre los que se encontraba el detective Giovanny Calderón Salazar" señaló la JEP.
Los casos por los cuales serían responsables estos cuatro militares, al parecer, son los mismos por los que está siendo investigado Luis Jhon Castro, alias ‘El Zarco’, un exguerrillero del ELN, quien fue señalado por ser uno de los mayores reclutadores de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).
Según investigaciones en la justicia ordinaria, 'El Zarco' fue trasladado a Bogotá después de que se fugó de una cárcel y logró huir hacia España, una vez fue deportado a Colombia, pidió formalmente su sometimiento ante la JEP.
"Los ex del Gaula Militar Tolima alteraron la escena de los hechos; además, habrían puesto armas y material de intendencia en los cuerpos de las víctimas, quienes fueron reportadas como integrantes de grupos armados ilegales y, en algunos casos, les habrían ocultado o destruido sus documentos de identificación. Adicionalmente, estos agentes habrían presentado documentación operacional fraudulenta y habrían dado declaraciones falsas ante la Justicia Penal Militar con la finalidad de desviar las investigaciones por estos sucesos", señaló la JEP.
Las víctimas habrían sido adas mediante engaños para ser asesinadas en zonas rurales del departamento. Según datos recopilados por la JEP, se les pidió a estos cuatro militares que ajustaran el documento en el que se comprometían a aportar verdad y esclarecer estos hechos, pues los magistrados consideraron que aún no es suficiente para satisfacer los derechos de las víctimas.
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"Este estudio conjunto permitirá esclarecer no solo las circunstancias en las que fue causada la muerte a las víctimas, sino también patrones de macrocriminalidad y, en específico, la articulación entre unidades operativas y de inteligencia del Ejército, el DAS y terceros reclutadores en la realización de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Tolima entre 2006 y 2008", añadió la JEP.
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