Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, presentó ante un juez con función de control de garantías de Bogotá a siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), presuntamente implicados en irregularidades contractuales cometidas en la construcción de un tramo de 528 kilómetros entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), en la llamada Ruta del Sol II.
Se trata de Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta istrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
“La investigación evidenció que estas personas, según sus responsabilidades individuales, habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht”, señaló en un comunicado la Fiscalía.
El material probatorio da cuenta que el ente investigador constató que dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos.
Además, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenía derecho y obtener mayor flujo de caja.
Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos. Los presuntos responsables no aceptaron los cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
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