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A través de una carta, la fiscal del caso de Centros Poblados le solicitó al director del Inpec que traslade al polémico contratista Emilio Tapia de la cárcel Picaleña, a la que fue recluido a raíz del escándalo de las salidas de la cárcel de Carlos Mattos, a la cárcel La Picota, en donde permaneció hasta hace dos semanas.
“Sin embargo, esta delegada tuvo conocimiento que la semana pasada, el señor Emilio Tapia Aldana fue trasladado a la cárcel Picaleña de Ibagué, considerando con todo respeto que, con este cambio de ciudad, se ve afectado el proceso de reintegro patrimonial, ya que se dificulta que el señor Tapia Aldana pueda seguir adelantando estas gestiones, las cuales se facilitan estando en Bogotá”, dice el documento.
El oficio de la Fiscalía apoya el comunicado que envió hace unos días el abogado de Tapia, Alejandro Sánchez, que anticipaba que esa colaboración se veía en riesgo.
Y es que la Fiscalía lleva dos procesos contra Tapia por el escándalo de Centros Poblados, el contrato para la conectividad de las zonas rurales del país, por el que giraron un anticipo que quedó en bolsillos de particulares. Según el ente acusador, en total son cerca de 15.000 millones de pesos los que están perdidos. Justamente, es por esos dineros que Tapia está en un proceso de colaboración.
“La segunda investigación en su contra se adelanta por los delitos de peculado por apropiación, entre otros, dentro de la noticia 110016000101202150079, donde estamos en proceso de colaboración con el señor Tapia Aldana a fin de reintegrar el dinero del anticipo, lo cual ha gestionado a través de la negociación con la nueva empresa con la que MinTIC contrató los equipos que fueron adquiridos por la UT Centros Poblados, aunado a las diferentes gestiones ante la DIAN para legalizar la mercancía que aún está pendiente por nacionalizar, a fin de incluirla en la negociación”, agrega el documento.
Por el mismo caso, la Fiscalía le adelanta un proceso por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, por lo cual fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario desde septiembre de 2021 y enviado, en ese momento, al complejo penitenciario y carcelario La Picota de Bogotá.
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La decisión sobre su traslado está en manos del nuevo director del Inpec, general Tito Castellanos.
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