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Durante 2024, la Fiscalía General de la Nación abrió 135 investigaciones por presuntos delitos cometidos por el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. La crisis humanitaria, marcada por enfrentamientos armados, dejó un saldo de 37 homicidios y más de 7.650 desplazamientos forzados.
La violencia ha afectado principalmente a líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y población civil. Entre las víctimas fatales se encuentran Eduard Gil Vega, Klinsman Humberto Martínez Salazar, Juana Paola Guerrero Pérez y Édgar Sánchez Quintero, según cifras oficiales.
Ante esta situación, la Fiscalía reactivó órdenes de captura contra 31 cabecillas del ELN, incluidos alias 'Antonio García', Pablo Beltrán y Nicolás Rodríguez Bautista. En la resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, se atribuyen al ELN los recientes hechos violentos y el incumplimiento de compromisos en las negociaciones de paz.
“Mientras el ELN perpetra estos crímenes, sus voceros en los diálogos de paz se benefician de la suspensión de órdenes de captura”, señala el documento oficial.
El ente acusador también trabaja en un plan conjunto con el Gobierno nacional y las autoridades locales para abordar la crisis en 11 municipios afectados. La medida busca garantizar que los procesos de paz no sean utilizados como mecanismo para evadir la justicia y poner fin al sufrimiento de las comunidades en el Catatumbo.
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