Recientemente, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP dejó en firme el juicio contra el exrepresentante a la cámara por Caquetá Luis Fernando Almario, lo anterior, por el homicidio de Diego Turbay Cote, Inés Cote, Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboni y Rafael Ocasiones Llanos. Este hecho se registró en una carretera en el Caquetá en el año 2000. Además del secuestro de Rodrigo Turbay Cote.
Cote ha sido acusado por sus vínculos con la extinta guerrilla de las Farc, especialmente con el Bloque Sur. Al presentar su acusación, la Fiscalía de la JEP había señalado que "con el Bloque Sur de las Farc desarrollaron un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse o apoderarse del poder político en el departamento del Caquetá, para ello ejecutaron una serie de conductas entre 1993 y el año 2002 que afectó a más de 30 personas del grupo político liberal turbayista".
Después de que se conociera el auto de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, el abogado de Almario envió dos documentos apelando la decisión y exponiendo sus argumentos.
Luis Alejandro Florez, abogado de Almario, pide la nulidad total de la acusación. Florez asegura que se está desconociendo el principio de legalidad, pues toda conducta penal debe estar previamente establecida, haciendo referencia al crimen de persecución.
“Resultaba fundamental establecer si el presunto crimen de persecución se encontraba previsto en la legislación interna como conducta punible o en su defecto, de no existir, si los hechos descritos por la fiscalía en el escrito de acusación podrían adecuarse a otro tipo penal consagrado en el código penal colombiano, pues no de otra forma se preserva el principio de legalidad”, señala la defensa de Almario.
En el mismo sentido, asegura que se le están vulnerando sus garantías fundamentales.
“Si en el proceso dialógico la Sala de Reconocimiento Verdad y Responsabilidadnunca le puso de presente a Luis Fernando Almario ni le preguntó si aceptaba responsabilidad por el presunto delito de persecución, ni se le exigió que aportara las consideraciones de verdad sobre este comportamiento, y tampoco fue requerido en el compromiso del régimen de condicionalidad, es claro que al cambiar la conducta en el escrito de acusación se están vulnerando sus garantías”, agrega el abogado de Almario.
Por otro lado, asegura que la JEP está actuando de manera arbitraria en este caso.
“Insisto, siLuis Fernando Almario Rojas acudió a esta jurisdicción por los hechos delictivos referidos al homicidio perpetrado por la guerrilla de las Farc en contra de la familia Turbay Cote, su conductor y escoltas, dentro del radicado 38752 que se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad a través de la resolución 01 del 22 de julio de 2020 aceptó el sometimiento voluntario a esta jurisdicción incluyendo un hecho nuevo como lo fue el secuestro de Rodrigo Turbay Cote, no puede aceptarse que se cambie el nomen juris de tales hechos y se decida de manera arbitraria que debe responder por un delito de lesa humanidad en la modalidad de persecución, pues ello trasciende en el derecho al debido proceso y la defensa en tanto desconoce las formas propias de cada juicio”, señala el documento.
La solicitud de nulidad, según otro documento allegado algunos días después por el exrepresentante Almario, se hace por violación al debido proceso y a los derechos fundamentales. Agrega que ningún miembro de las Farc ha sido condenado, en el caso investigado, por persecución, pero insiste en que ya ha dicho que no acepta responsabilidad en los heccos mencionados.
“En esta investigación me han señalado, sin elementos probatorios válidos, de estar vinculado con las Farc-EP, de haberme “unido” con ellos para ejecutar los hechos delictivos que culminaron con el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay, así como el homicidio de Diego Turbay y su comitiva, hechos delictivos por los cuales las Farc-EP ya fueron condenados, ya existen sendas sentencias condenatorias contra la cúpula de esa organización subversiva y varios de sus integrantes por conductas tipificadas en el Código Penal Colombiano; ha sido de público conocimiento la aceptación de éstos en la ejecución de estos sucesos, han aceptado su responsabilidad, al punto que hicieron una petición pública de perdón por el “error” en que incurrieron”, señala Almario.
Es por esto que pide que al resolver el recurso se acojan sus planteamientos y se declare la nulidad del escrito de acusación en su contra.
“Recuérdese que la coautoría requiere que varios sujetos, en un acuerdo previo o concomitante, realizan el verbo rector definido por el legislador; en este caso se “supone” -porque no está probado- que yo hice un acuerdo con integrantes de las Farc-EP para la comisión de los delitos investigados, entonces la pregunta apenas natural que surge es: ¿por qué no están vinculadas las Farc-EP como autores del delito internacional de persecución?, ¿por qué los presuntos autores no han sido objeto de pronunciamiento por la SRVR y, mucho menos, se les ha atribuido tal comportamiento?”, agrega Almario.
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