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El fiscal general, Francisco Barbosa, se reunió este lunes con el presidente de la República, Gustavo Petro, y le entregó nueve recomendaciones para mejorar la ley de sometimiento que será radicada en el Congreso una vez pase por el Consejo de política criminal, en los próximos días.
"Durante más de dos horas conversamos ampliamente sobre temas de paz total, en especial, lo que tiene que ver con el sometimiento a la justicia que se le presentó al país la semana pasada", indicó el fiscal Barbosa.
Son varios los temas que le preocupan a la Fiscalía luego de conocer de fondo la ley de sometimiento de justicia que se aplicaría para los grupos a margen de la ley que están en negociación con el Gobierno nacional.
1. “La Fiscalía General de la Nación será la que aplicará el sometimiento a la justicia y no una unidad especial dentro de la Fiscalía. Es la Fiscalía la que la aplicará en su integralidad. Es decir, todas las unidades de la Fiscalía trabajarán en eso”, explicó Barbosa.
2. Tiempos procesales cortos “no permiten hacer corroboración y contrastación probatoria. ¿Qué significa eso? Una vez se den las actas individuales y colectivas de sujeción que se tiene que firmar ante el alto comisionado de Paz nosotros debemos tener tiempos suficientes para contrastar la información con lo que ellos dicen, pero también con lo que nosotros tenemos”, indicó el fiscal.
3. "Un tercer tema: no se puede limitar las formulaciones de imputación solamente a lo que señale la persona que la firme, sino que la Fiscalía tiene que verificar otras conductas que puedan no estar reconocidas en la imputación", agregó.
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4. Los topes de extinción de dominio. “Ajustarlos al código de extinción de dominio, articulo 133, y señalar qué bienes que ya tiene la justicia no hacen parte de lo que ellos van a entregar, porque ya los tenemos, es decir 26 billones de pesos ya no entran dentro de eso porque ya hace parte dentro de lo que la justicia ha hecho en los últimos tres años en esta Fiscalía”, manifestó el jefe del órgano de investigación.
5. Fiscalía no debe aprobar listados ni verificar el cumplimiento de obligaciones. “No hace parte de nuestra función constitucional. Para poderlo decir tendría que modificar la Constitución Política porque nuestra función constitucional, artículo 50, es la de ser la titular del ejercicio de la acción penal y se desvía de nuestra función”, indicó el fiscal.
6. "La aplicación del principio de oportunidad no puede ser otorgado, sino en suspensión, quiere decir que cuando se otorgue este principio se otorga siempre y cuando quien lo recibe cumpla con lo que está establecido en justicia restaurativa", explicó el fiscal.
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7. Las víctimas no pueden quedar desprotegidas. “El proyecto de ley no tiene esquema de reparación de las víctimas ni el rol de las víctimas en el proceso”, manifestó
8. Violación de principio a la cosa juzgada: “Van a darse sentencias colectivas, pero dice el proyecto que si aparecen nuevos hechos atribuibles a personas que están en la sentencia se abre otra vez la sentencia y se incluye el hecho atribuible. Es raro. Yo nunca lo había visto desde el punto de vista de mi función como abogado. Lo que hay que decir es que eso no se puede. Sentencia que se produce, sentencia que se cierra, y que queda ejecutoriada y, por ende, sentencia que se firmó por un juez no puede desconocerse su intangibilidad. Por eso ese articuló debe modificarse”.
9. No es posible aplicar principio de oportunidad “a nuestro juicio, frente al concierto para delinquir por delitos graves, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el Estado no puede inhibirse frente a investigaciones a derechos humanos y en estos casos esos conciertos para delinquir podrían estar implicando esa circunstancia”, aseguró Barbosa.
Sobre cómo se aplicaría esta ley de sometimiento y a qué grupos beneficiaría, el fiscal fue claro en señalar que “en un parágrafo habla de la alta instancia. La alta instancia es la que va a definir que organizaciones harán parte de esta circunstancia.
“Por eso digo que el presidente de la República va a tener la llave, porque a la hora de la verdad, la alta instancia, él es el que tiene que decir quién entra y quién no entra dentro de esa ley de sometimiento, y él también tiene la llave para decir quién tiene carácter político para buscar o no buscar un acuerdo de paz”, señaló el fiscal.
El fiscal agregó que a su despacho llegó una resolución de Presidencia solicitando el levantamiento de órdenes de captura, ninguna de ellas con fines de extradición, a lo que indicó: “Estamos analizando el documento, estamos estudiándolo. Se hizo un requerimiento por parte de la Fiscalía, preguntándole a la Presidencia en qué condición esas personas iban a negociar en caso de que hubiesen firmado acuerdos de paz y pertenecieran a organizaciones criminales que no hubiesen firmado acuerdos, y estamos a la espera de una respuesta”.
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