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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Emilio Tapia Aldana por su presunta participación en varios actos, precisamente, por contratos que se seguían en dos entidades públicas distintas, pues Tapia habría presentado pólizas falsas y la Fiscalía detectó irregularidades en el millonario contrato que pretendía llevar el servicio de Internet a las escuelas rurales del país y en dos proyectos de tratamiento de agua en Cali.
Un fiscal contra la corrupción agrupó tres procesos que se seguían en contra de Tapia Aldana, en los que quedaron en evidencia maniobras ilícitas similares para quedarse con la contratación pública y apropiarse de recursos destinados a cubrir las necesidades de los colombianos.
Sobre el escándalo de corrupción de Centros Poblados, la presunta responsabilidad de Tapia inicia con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales. Para quedarse con el negocio, Tapia habría ado a dos personas para que aportaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal, a cambio de 4.000 millones de pesos.
Según la investigación, se conoció que Emilio Tapia Aldana recibió 6.182 millones de pesos de los recursos anticipados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías. El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos personales ajenos al cumplimiento de cualquier contrato.
Sobre los proyectos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Tapia también estaría involucrado en la falsificación de varios documentos que fueron presentados en licitaciones en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.
Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.
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