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Según la Procuraduría General de la Nación, el problema radica en que en el Ministerio Público hay cerca de 2.000 investigaciones por acoso laboral. Incluso, la procuradora Margarita Cabello asegura que con esta nueva circular se les exige a las entidades públicas que cumplan con la prevención de agresiones laborales.
En este caso, la Procuraduría categorizó las agresiones que en la mayoría de los casos son víctimas. Discriminación, agresión verbal o física y expresiones contra la integridad y honra son solo algunos comportamientos que preocupa el ente de control.
Incluso, le piden al Ministerio de Trabajo que siga la ruta sin saltarse ningún paso cuando reciban denuncias de acoso laboral, sin embargo, para los casos de posible abuso sexual la procuraduría exige que en ninguna circunstancia pueden conciliarse y que les deberán informar a ellos para iniciar el proceso disciplinario y una eventual compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación.
“Verificar que en los casos de acoso sexual en el ámbito laboral no es posible adelantar trámite previo, toda vez que se trata de una conducta no conciliable”, dice la circular.
El documento expedido por la Procuraduría refiere también el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, el espacio en el que las empresas y entidades deben atender de manera confidencial, las conductas y casos que se presenten ya sea formulando un plan de mejora o en caso de que persista, remitir la queja al ente de control, tratándose del sector público.
Así las cosas, y con la decisión de la Procuraduría, varias entidades públicas deberán empezar una reglamentación que implique un manejo riguroso en los casos de conductas que atenten en contra de las mujeres en el entorno laboral.
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