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La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos hallazgos en su investigación sobre las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los implicados se encuentra Olmedo López, exdirector de la entidad, quien, junto con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique, director del Departamento istrativo de la Función Pública, habría participado de la red de corrupción que involucraba millonarios desvíos de fondos y contratos direccionados.
Según la Fiscalía, Olmedo López facilitó el traslado de 100.000 millones de pesos, originalmente destinados a la UNGRD en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, a proyectos controlados por sus asociados. En contraprestación, López permitió que estos funcionarios direccionaran la contratación a empresarios cercanos, quienes suministraban equipos y servicios vitales para la gestión de desastres, tales como plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques y pozos subterráneos.
Este esquema de corrupción no solo incluía el suministro de dichos equipos, sino también los contratos de control y seguimiento a estos, todo a cambio de jugosas coimas. "Se trataba de una red bien organizada que aprovechaba cada oportunidad para desviar fondos públicos hacia sus propios bolsillos", señaló un investigador de la Fiscalía.
El caso de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, conocido como 'El Pastuso', es solo la punta del iceberg. Pinilla, quien fue subdirector de la UNGRD antes de Olmedo López, también fue acusado de participar en prácticas corruptas, al aceptar sobornos para otorgar contratos de suministros a López Rosero. Este último, a su vez, prometió un porcentaje del valor de los contratos a Pinilla como incentivo, lo que derivó en sobrecostos y una cadena de corrupción que afectó la efectividad de la UNGRD en la gestión de emergencias.
La Fiscalía ha señalado que estas prácticas no solo comprometieron los recursos destinados a la atención de desastres naturales, sino que también pusieron en riesgo a las comunidades más vulnerables. "La desviación de fondos y el direccionamiento de contratos a empresarios cercanos no solo es un delito, sino que también tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para responder a emergencias," afirmó la fiscal Andrea Muñoz durante la audiencia de medida de aseguramiento.
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