El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado absolvió en primera instancia a Claudia Patricia Rojas Puerta, Edgar Isaías Medina Millan y Luis Andrés Ruíz Martínez quienes fueron denunciados como los “cerebros” del desfalco a la salud denunciado en 2011 por el gobierno de Juan Manuel Santos y bajo la Fiscalía de Viviane Morales.
El ente acusador señaló a Rojas Puerta (excoordinadora del grupo de recobros de MinProtección), Medina Millan (particular) y Ruíz Martínez (exdirector de Sistemas de MinProtección) de presuntamente defraudar al sistema de salud mediante comisiones por recobros inflados y hasta a nombre de personas fallecidas, entre otros procedimientos. Así la fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares, todos en concurso homogéneos.
A estas tres personas se les impuso medida de aseguramiento intramural por considerarlos un peligro para la sociedad.
Los supuestos delitos
De acuerdo con la versión de la Fiscalía desde el año 2006 y hasta el año 2011 existió una organización integrada por empleados del Ministerio de Protección Social y particulares, dedicados a desarrollar actos de corrupción, que consistieron en cobrar una comisión que iba de entre el 4% al 6% de los pagos autorizados por ese Ministerio a las EPS por motivos de recobros en servicios NO POS de salud, que se hacían a través del consorcio FIDUFOSYGA en 2005, pero que finalmente fueron pagados según la fiscalía, por orden de las mesas de trabajo realizadas por personas que laboraban en el Ministerio de Protección Social .
Hablamos del que se suponía era el peor escandalo de la salud en 2011 después de Saludcoop, anunciado por el propio presidente Juan Manuel Santos, en compañía de la contralora General Sandra Morelli, la fiscal Vivian Morales y la ministra de Salud de la época Beatriz Londoño, quienes anunciaron las capturas, afirmando que era la punta del Iceberg de la corrupción de la salud.
En la época se decía que había más de 30.000 millones de pesos en juego y estas acciones corruptas se habían llevado a cabo cuando el ministro de protección era Diego Palacio. Según el presidente Santos, se tenían fuertes indicios e informaciones que apuntaban a una verdadera mafia dedicada a robar los recursos de la salud los colombianos.
El origen del caso
De acuerdo a esa denuncia que llegó a la Fiscalía porque un investigador de la Dijin, el capitán Edwin Gregorio González Nieves, aseguró que una fuente anónima le hablo del entramado de corrupción, lo llevó a a un café internet, abrió un computador y se metió en un correo electrónico y aseguró tener a todos los correos de una funcionaria del Ministerio de Protección donde se evidenciaba que la empresa QAV y SEAK)Consultores que era contratada por muchas EPS para hacer los recobros al Fosyga, preparaba los paquetes de recobros por servicios No POS.
La defensa de los acusados presentó 97 pruebas para demostrar la inocencia de sus clientes y dentro de los testimonios contó con el de el entonces ministro Diego Palacio, su viceministro Carlos Jorge Rodriguez, Luisa Fernanda Bellini que para esa época era la directora de financiamiento del ministerio, o sea la jefe de Claudia Rojas, Maribel Posada, directora de auditoria medica del consorcio Fidufosyga y a Monica Ulloa, abogada del ministerio de protección social. Durante el juicio todos confirmaron que los recursos de los recobros No POS eran privados, no formaban parte del erario público. Es decir, el presupuesto de la salud no depende de los recobros No POS de las EPS por lo que nunca se desangró la salud porque esa plata era de privados, los recobros son recursos propios de las EPS.
Lo más grave es que la Fiscalía baso su investigación en una prueba ilegal como eran los correos personales de quien se suponía era de la señora Claudia Rojas. Pues esos correos durante todo el proceso siempre se mostraros impresos, nunca durante el juicio se pudo acceder a esa cuenta de correo, la Fiscalia nunca pudo probar que se tratara de un correo que existía, que fuera de Claudia Rojas y tampoco desde que IP se creo o con qué datos personales. Así mismo el análisis de los documentos lo hizo un bachiller que no conocía del tema de recobros.
Seguidilla de errores
En suma, unos correos que nadie sabe quién escribió o de dónde salieron, fue la prueba reina de la Fiscalía para privar de la libertad durante 3 años y 4 meses a tres personas que hoy una juez dice que son inocentes. Con esa prueba que además la juez cataloga de ilegal se puso a sonar en el país el caso más grande de corrupción a la salud en Colombia y que en ese caso comprometía más de 17.000 millones de pesos.
Lo más grave es que durante el juicio no existieron o se aportaron más pruebas que corroboraran la tesis de la Fiscalía y el ente investigador jamás pudo probar la existencia del supuesto incremento patrimonial injustificado. Tampoco se pudo presentar un solo recobro de los 15 mil que decían haber analizado.
Durante este caso se acepto a al consorcio privado Fidufosyga como victima, sin tener en cuenta que fue quien debió vigilar sus recursos y autorizar los recobros y los pagos a las EPS.
El fallo de la Juez Luz Marina Álvarez, además de declarar a estas personas inocentes, ordena compulsar copias penales para que se investigue si el testigo Edwin González Nieves incurrió́ en una conducta penal cuando hizo que el estado abriera esta investigación que lleva 9 años, basada en una única prueba obtenida no solo de manera ilegal, sino una prueba que no pudo ser revisada durante el juicio porque esa cuenta de correo jamás abrió en el sistema y no se le pudo hacer un peritaje adecuado.
Este caso pasa a una segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá́ que podría demorarse entre un mes y un año para dar un fallo definitivo.
¿Por qué tantos errores?
Sobre los errores en el proceso se desprenden dos hipótesis: la primera es que se pudo haber tratado de un falso positivo del gobierno Santos, para desacreditar al ministro Diego Palacio. Otra es que se pudo tratar de una cortina de humo desde la Fiscalía, para tapar el que en ese momento era el peor escandalo de salud: el caso de la EPS Saludcoop que ese año (2011) fue intervenida por el estado, eps asesorada jurídicamente por quien un año después llegaría a ser Fiscal General de la Nación, el señor Eduardo Montealegre.
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