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La Corte Constitucional no definirá este año el tema de la comercialización de la aguardiente en Colombia debido a que se presentó un empate en la discusión de este jueves.
Fue una votación 4-4: la mitad de los magistrados señalaron que era de vital importancia para las regiones de la comercialización de la aguardiente mientras que los otros señalan que es importante que se dé una apertura y que se liberen las fronteras, con lo que se crearía un mayor dividendo para todas estas bebidas.
Además, se reportó el impedimento de la magistrada Cristina Pardo.
Entonces, ante este panorama, será un conjuez de la República que será designado el que tome la última palabra, pero esto ya será en en el 2025, en las próximas elecciones que tome el alto tribunal, y mientras tanto, seguirá operando el monopolio rentístico de las regiones para la comercialización de la aguardiente en Colombia.
Cabe recordar que este debate inició por cuenta de la decisión de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca de no permitir la venta en ese departamento del aguardiente Amarillo de Manzanares producido por la Licorera de Caldas.
Este pleito alcanzaría otras compañías en el país, pues está en juego la permanencia de varios apartados de la Ley 1816 de 2016, que permite a las autoridades departamentales que cuenten con una empresa productora de aguardiente o ron, de restringir la venta de otras marcas durante seis años si logran argumentar que está en riesgo la producción local y por ende los ingresos a la salud por este tipo de rentas.
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