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La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional emitió un fallo en el que amparó los derechos fundamentales de un migrante venezolano y contador público, quien había interpuesto una acción de tutela contra la junta central de contadores, en este caso, el demandante alegó que dicha entidad se negó a analizar la homologación de su tarjeta profesional debido a su estatus migratorio, a pesar de contar con un permiso especial de permanencia.
Esto se da luego de que la Corte Constitucional estudiara el caso de un migrante venezolano, y concluyó que requerir una visa específica para probar su residencia y domicilio crea un obstáculo excesivo para los migrantes que desean trabajar.
La Corte Constitucional analizó las decisiones previas tomadas en el caso del migrante para determinar si se infringieron sus derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho al trabajo y al ejercicio de su profesión, además, se examinaron aspectos como el procedimiento para obtener la licencia profesional, los requisitos de residencia para extranjeros, el derecho al trabajo y al debido proceso istrativo, así como la libertad para ejercer la profesión.
La conclusión fue que la junta central de contadores violó los derechos del migrante, especialmente el debido proceso, al cambiar repetidamente las razones para denegarle la licencia, lo que limitó su capacidad de defensa al no proporcionar una respuesta completa.
Tras examinar las pruebas presentadas, la Sala constató que el demandante cumplía con los requisitos de residencia y ánimo de permanencia en el país.
En cuanto al elemento objetivo, se determinó que el demandante había vivido en Colombia desde su ingreso en diciembre de 2018 y no había salido del país hasta la fecha de la solicitud de inscripción. Respecto al elemento subjetivo, se evidenció que el demandante había regularizado su situación migratoria y había realizado trámites como la afiliación al sistema de salud y al Registro Único Tributario.
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Ordenó a la junta central de contadores analizar nuevamente la solicitud de expedición de la tarjeta profesional de contador público de William, tomando en cuenta los argumentos de la sentencia.
La ley 1429 del 2010 (ley de formalización y generación de empleo) derogó los artículos 74 y 75 del código sustantivo del trabajo y, por ende, la obligación de cumplir con la proporcionalidad de trabajadores nacionales y extranjeros en las empresas.
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