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El presidente Iván Duque tiene solo ocho días para asegurar y cumplir las órdenes de la Corte Institucional para proteger los derechos fundamentales de población carcelaria del país; esto, en virtud con su calidad como superior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La decisión se tomó luego de que la Corte declarara el ‘Estado de Cosas Inconstitucional’, que estableció la existencia de una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales a la población carcelaria del país.
La Corte Constitucional determinó que la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil tuviese la autorización para poder hablar y acceder a información personal de la población carcelaria en Colombia. Sin embargo, el Inpec no respondió a la decisión.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que, desde octubre de 2018, el Inpec ha impedido acceder a algunos centros de reclusión del país. Igualmente, no se ha permitido el uso de cámaras ni equipos de registros, los cuales son indispensables para las labores de verificación del estado de los presos.
El Inpec es el ente competente para dar respuesta a esos requerimientos solicitados por la Comisión de Seguimiento y de la Defensoría, según el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la Corte decidió hacer este llamado al no tener autorizaciones, lo que se traduce a un desinterés por la garantía de los derechos fundamentales.
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