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Este jueves, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el Gobierno nacional ya pidió a su similar de Venezuela la extradición de la excongresista Aida Merlano, quien se fugo a ese país en octubre de 2019 tras un mediático escape cuando se encontraba de permiso en una cita odontológica.
Vale la pena mencionar que Aida Merlano pidió al Gobierno de Gustavo Petro tramitar su extradición desde Venezuela y, desde ese momento, a través de la embajada en Caracas, se solicitó conocer todos los detalles del proceso que cursa la exsenadora.
Merlano fue detenida en enero del 2020 en Venezuela con documentación falsa y, según su abogado, Miguel Ángel del Río, en varias oportunidades solicitó la extradición, pero el Gobierno de Iván Duque la pidió a Juan Guaidó y por eso no se llevó a cabo.
“La extradición de Aida Merlano se ha solicitado en muchísimas ocasiones desde hace unos dos o tres años. Cabe resaltar que, en su momento, el expresidente Duque le pidió la extradición a Juan Guaidó, pero le manifestamos que también debería hacérsela a Maduro. Pero esto no es algo novedoso, desde hace rato la solicitamos, pero Duque no quiso porque precisamente había amigos de él. Hoy al mandatario Petro, a través de la Cancillería y el embajador de Venezuela ha aceptado que es necesaria esa solicitud de extradición”, aseveró el abogado en su momento a Blu Radio.
Por otro lado, en enero de 2023, Aida Merlano testificó desde Venezuela contra Julio Gerlein, esto en medio del proceso que le adelantan por, presuntamente, haber financiado la campaña de la excongresista en 2018.
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Merlano en aquella oportunidad adjuntó audios de llamadas telefónicas en las que se escucha a Gerlein hablar sobre las sumas de dinero con las que, presuntamente, financió la campaña.
"No tenía ni un peso para tu campaña. Yo presté $7.000 millones a Serfinanza para tu campaña, en total fueron $12.000 millones”, se escucha en la grabación.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia condenó a Aida Merlano a 15 años de prisión por los delitos de corrupción al sufragante agravado, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, y en noviembre del año pasado le sumó otra condena de 5 años y 6 meses de prisión por violación a topes electorales, en su campaña al Congreso de 2018.
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