La jueza Luz Marina Zamora ordenó la libertad a prueba por un periodo de cuatro años paraSalvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este fallo se produce en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ha designado a Mancuso como "gestor de paz", en un esfuerzo por mediar con el Clan del Golfo, sucesor de las AUC.
La decisión ha generado una mezcla de esperanza y escepticismo, no solo entre las víctimas de los más de 75.000 crímenes atribuidos a Mancuso y las AUC, sino también en el ámbito político nacional.
La implicación de la JEP en el proceso de Mancuso ha suscitado comentarios de figuras prominentes, incluido el expresidente Álvaro Uribe. Uribe cuestionó públicamente la necesidad de la JEP para nombrar a un gestor de paz. Señaló la particularidad del caso de Mancuso en comparación con otros exparamilitares extraditados que no han podido ser designados para roles similares.
Además, Uribe expresó su preocupación por las exigencias de acusarle surgidas en el contexto de la liberación de Mancuso. Sugirió una manipulación política detrás de las decisiones judiciales.
“Para ser nombrado Gestor de Paz no se necesita la JEP; entiendo por qué a Mancuso lo pasaron por la JEP. Y cuál es la diferencia con los otros ex paras, ¿que también extraditados y regresados no pueden ser gestores de paz? Y se saben las exigencias de acusarme en los mensajes que les llegan”, escribió el expresidente Uribe en sus redes sociales
La llegada de Mancuso a Bogotá desde EE.UU., donde fue deportado tras cumplir una condena por narcotráfico, ha reavivado el debate sobre el proceso de paz en Colombia y la búsqueda de justicia para las víctimas de los paramilitares.
Mancuso ha sido investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de COVID-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.
El exjefe paramilitar fue recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y quedó a disposición de la jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz (la instancia especial creada por la ley del mismo nombre con la que se desmovilizaron las AUC), que lo citó a una audiencia que arrancó el viernes y culminó hoy, así como del magistrado de Control de Garantías de Barranquilla, que son las autoridades competentes para tomar decisiones sobre su libertad.
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