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Con la ley de servicios públicos el Gobierno busca darle un revolcón a las tarifas de los s en Colombia y abre la puerta a ampliar las ayudas para los hogares más pobres, mientras que para los más privilegiados se podrán crear cobros adicionales a los que existen hoy en día, según el documento borrador conocido por Blu Radio.
Este jueves el Gobierno nacional tuvo una cumbre en la que le dió los últimos retoques a la iniciativa para comenzar el proceso de socialización con gremios y s. El proyecto aún puede sufrir cambios y no se ha definido cuándo será radicado ante el Congreso de Colombia.
Hoy en día ya existe un esquema de contribuciones y subsidios en energía eléctrica, gas y agua, según el cual los estratos 5 y 6 pagan parte de la tarifa de los estratos 1, 2 y 3. A ese esquema se sumaría un nuevo régimen de tarifas con enfoque de redistribución de ingresos que tenga en cuenta la capacidad de pago de los hogares y la posibilidad de otra clase de cobros para financiar programas de universal o mínimo vital.
En ese esquema que puede establecer el Gobierno la factura no solo dependerá de la tarifa y el nivel de los consumos, sino que además se tengan en cuenta otros factores asociados a la información socioeconómica de los hogares.
Según la propuesta: “Las tarifas de servicios públicos domiciliarios deberán hacer explícitos los factores de solidaridad y redistribución de ingresos, que son independientes de los factores de subsidios y de las otras políticas de universalización y mínimo vital, para lo cual podrán hacer cobros de cargos fijos o factores diferenciales entre los s según su capacidad de pago”.
Otro aparte de la propuesta agrega: “El Gobierno nacional directamente o a través de las Comisiones de Regulación podrá establecer como componente tarifario factores solidarios y redistributivos que tengan como finalidad exclusiva atender el pago de subsidios destinados al mínimo vital o financiar programas de servicio universal”.
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Esta iniciativa establece que los subsidios por estratos van a desaparecer y serán reemplazados por un sistema basado en el Registro Universal de Ingresos, que será la herramienta que reemplazará al Sisbén y que ya está en construcción en Planeación Nacional.
Mientras ese esquema comienza a andar seguirán entregándose subsidios según estratos, pero en ninguna parte se mencionan los subsidios de energía para el estrato 3. Esto a pesar de que el plan de desarrollo había extendido los subsidios de electricidad al estrato 3 hasta junio del 2027.
El objetivo del Gobierno es que a futuro los subsidios no se asignen según estratos sino de acuerdo con la clasificación del Registro Universal de Ingresos, que es la herramienta que reemplazará al Sisben y que ya está en construcción.
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La ley asume que todos los colombianos tienen derecho a una cantidad mínima de agua, luz, gas, aseo e internet y que el estado debe hacer lo posible por garantizarlo. Por eso cuando los esquemas de subsidios y los demás programas, no alcancen a cubrir ese mínimo vital se abrirá la puerta a generar un subsidio individual que cubra el costo de ese consumo.
El subsidio sólo sería reconocido a s económicamente vulnerables que tengan una incapacidad de pago demostrada. Ellos tendrán que hacer un trámite ante la empresa que les presta el servicio y podrían recibir el apoyo por unos cuatro meses.
La propuesta define que el mínimo vital son 50 litros de agua potable por persona y 103.8 kv/h de electricidad y deja en manos de la regulación el mínimo en gas, aseo e Internet.
La plata para este subsidio puede salir del presupuesto nacional o de cualquiera de los fondos de redistribución de ingresos del sector que son los que actualmente financian una parte de las tarifas a estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, como ya se mencionó antes, está la posibilidad de que se establezcan cobros específicos a algunos s para financiar mínimo vital o mayor cobertura.
Además, los municipios pueden aplicar medidas con cargo a sus presupuestos destinadas a asumir la reducción de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios o de sus actividades complementarias.
Las compañías del sector ya no le podrán los servicios a nadie sin antes hacer un debido proceso que implica notificaciones por escrito con al menos cinco días hábiles de anticipación y un plazo para que el se defienda.
Los s tendrán además el deber de “avisar previamente al prestador en los casos en que por razones sobrevinientes no pueda atender el pago total o parcial del servicio y requieran llegar a acuerdos de pago con el proveedor”.
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Incluso un podría pedir la suspensión temporal del servicio de acuerdo con sus necesidades y hasta por cuatro meses.
Como se esperaba propuesta incluye la posibilidad de que los servicios públicos puedan ser prestados por comunidades de forma autónoma, se dan más poderes a la Superintendencia de Servicios Públicos y se cambian los requisitos para el nombramiento de los de las comisiones de regulación de Agua Potable y Energía y Gas (CRA y CREG).
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