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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, presentó una ponencia en la que recomienda declarar inconstitucional la reforma pensional, según informó la revista Cambio. En su análisis, el magistrado argumenta que la norma tiene vicios tanto de forma como de fondo.
Uno de los puntos centrales de la ponencia es que, durante el cuarto debate de la reforma en la Cámara de Representantes, no se llevó a cabo una discusión adecuada. En lugar de ello, se aprobó sin mayor deliberación el texto que ya había sido avalado por el Senado. Según Ibáñez, este procedimiento viola el principio de consecutividad y afecta la integridad del articulado.
Cabe recordar que, el 14 de junio de 2024, la Cámara aprobó el proyecto sin debatir al menos 500 proposiciones presentadas sobre el texto, una situación que fue denunciada por varios congresistas y que constituye el núcleo de la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia.
Tanto la Procuraduría como diversos expertos coinciden en que hubo un vicio de trámite en el proceso legislativo. No obstante, algunos consideran que el Congreso podría subsanar este error repitiendo el debate correspondiente.
La ponencia también cuestiona que la reforma vulnere el artículo 48 de la Constitución, al establecer un régimen pensional especial para comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas. Asimismo, se objeta la disposición que obliga a los pensionados cuyas mesadas superen las 1.000 UVT anuales (equivalentes a $4.149.000 mensuales) a declarar renta ante la Dian, lo que ha generado controversia entre los afectados.
Antes de avanzar en la discusión de la ponencia, la Corte Constitucional debe resolver el impedimento presentado contra la magistrada Diana Fajardo. El plazo inicial para emitir un fallo vence el 28 de mayo, aunque este podría extenderse si se convocan audiencias públicas o surgen nuevas recusaciones.
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Hasta el momento, se han presentado 50 demandas contra la reforma pensional, de las cuales la Corte ha itido 12, interpuestas por abogados, activistas y congresistas, quienes alegan irregularidades en el trámite legislativo.
Es importante resaltar que, aunque el magistrado Ibáñez es el ponente principal, la decisión final dependerá del consenso de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
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