Procuraduría pide ordenar al Gobierno el pago de subsidios de energía y gas para evitar crisis
El Ministerio Público presentó un informe ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca y propone medidas urgentes para saldar deuda de subsidios de energía y gas.
La Procuraduría General de la Nación presentó un concepto ante el Tribunal istrativo de Cundinamarca en el marco de una acción de cumplimiento interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, en el que exige al Gobierno nacional el pago inmediato de los subsidios de energía eléctrica y gas natural ya reconocidos mediante actos istrativos y con respaldo presupuestal.
El órgano de control alertó sobre un grave incumplimiento en el pago de estos subsidios a las empresas comercializadoras, lo cual ha provocado una crítica situación financiera en el sector energético.
De no atenderse con urgencia, advirtió la Procuraduría, podrían registrarse aumentos tarifarios de hasta el 150 % o incluso suspensiones en la prestación del servicio, afectando principalmente a los estratos 1, 2 y 3.
En su concepto, el ente de control también se refirió a una prueba sobreviniente presentada por el Ministerio de Hacienda, que no estaba disponible al momento de la demanda.
Mujer contando dinero.
Foto. Blu Radio
Aunque dicha cartera asignó recursos para mayo de 2025, el Ministerio Público señaló que no existe garantía de financiación para el resto del año, lo que compromete la sostenibilidad del servicio en los próximos meses.
El informe solicita al Tribunal que ordene no solo el desembolso inmediato de los subsidios ya reconocidos, sino también que se establezca un cronograma de pago para las obligaciones pendientes. Esto con el fin de garantizar el flujo de recursos hacia las comercializadoras y prevenir un eventual colapso del sistema de subsidios.
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Asimismo, la Procuraduría instó a mantener activas las mesas de diálogo sectoriales, con la participación de entes de control, para monitorear de forma coordinada el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de servicios públicos.
Finalmente, el ente de control recordó que no existe justificación legal ni financiera para seguir postergando el desembolso de estos recursos, pues los pagos ya fueron reconocidos formalmente.