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El presidente Gustavo Petro arrancó la semana pintando un panorama crítico sobre las finanzas del Gobierno colombiano y advirtió que se está al borde de un colapso. En medio de su disgusto con los recursos del presupuesto gubernamental, Petro se prepara para firmar un decreto que le de poder de veto sobre las decisiones en proyectos de inversión que se toman en el Departamento Nacional de Planeación.
Las declaraciones del presidente se dan en el marco de su defensa de la reforma a la salud y las demás reformas sociales en el Congreso de la República como la reforma pensional y la reforma laboral. También se dan luego de una semana intensa en que su gobierno estuvo en el ojo del huracán por 13 billones de pesos en recursos para la construcción de proyectos de infraestructura que no estaban asignados a proyectos específicos en el decreto del presupuesto nacional.
“La extrema derecha sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella. Si ustedes suman las transferencias públicas que se hacen a las EPS, con las transferencias públicas a fondos privados de pensiones, también agotados, con las de las concesiones de carreteras profundamente deficitarias, con el déficit de las comercializadoras eléctricas, con las transferencias al fondo de estabilización de combustibles para subsidiar gasolina y diesel, y al gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al COVID con la deuda pública y no desde la emisión como hicieron los países del norte; entonces sabrán que las finanzas del estado están a punto de colapso. El presupuesto lo convirtieron en un simple sistema de transferencias de los recursos públicos a los sectores más ricos del país: al verdadero cartel nacional de la contratación”, escribió el presidente.
Las declaraciones del presidente sobre el colapso de las finanzas estatales contrastan con el panorama, que hace menos de un mes presentó el Ministerio de Hacienda en su plan financiero para este año. El plan del Gobierno es seguir cumpliendo con la regla fiscal.
Según ese documento el Gobierno de Colombia cerró el 2023 con un nivel de deuda, incluso, menor al que establece la regla fiscal y tendrá un déficit fiscal de 5.3 % del PIB en este 2024. Llegar a esa meta requiere pasar ‘la tijera’ y recortar unos 20 billones de pesos en gastos.
“Lo que vamos a hacer es esperar con un programa de seguimiento de caja, cuáles son las dificultades para terminar absorbiéndolas en los tres últimos meses del año, que es cuando en la práctica podemos decidir dónde cortar”, explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una declaración a medios de comunicación en los últimos días.
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Ni antes, ni después de ese momento el jefe de las finanzas públicas ha hablado de colapso en las finanzas.
Para el exministro de Hacienda y rector de EIA, José Manuel Restrepo, las declaraciones del presidente no tienen sustento.
“La realidad es que llevamos tres años seguidos donde se ha reducido el déficit fiscal después del impacto de la pandemia y esos tres años seguidos de reducción del déficit fiscal permitieron que Colombia lograse casi que superar el fiscal primario en 2023, se había planificado lograr superar el fiscal primario, si no se logró fue porque en 2023 se aumentaron de manera significativa de nuevo el gasto corriente, hay un derroche por parte del gobierno actual”, dijo Restrepo.
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“Quien está llevando al límite a las finanzas públicas es el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo está llevando al límite innecesariamente aumentando el gasto primario, derroche, aumentando la deuda pública y aumentando de nuevo el déficit fiscal del país”, agregó.
Para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, todas las intermediaciones del sector público que le molestan al presidente han sido desarrollados por la ley colombiana durante los últimos años y de ninguna manera le están quitando al sector público, una declaración que muestra el interés del Gobierno por estatizar la prestación de servicios en varios sectores.
“Este Gobierno ha dispuesto de dos reformas tributarias, la que se aprobó a finales de la istración Duque, que es recaudada por el Gobierno Petro, y la que aprobó el Gobierno Petro en el primer año de Gobierno. Esto le permite al Gobierno Petro tener el presupuesto más alto de la historia del país, 502 billones de pesos, de manera que no deja de ser sorprendente que ahora venga a decir que se le están drenando los recursos al gobierno”, dijo Restrepo.
Este es otro capítulo más en la pelea por los 13 billones de pesos de infraestructura que le costó la cabeza al entonces director del DNP, Jorge Iván González.
Aunque en medio de la pelea el presidente Gustavo Petro terminó cediendo y modificó el decreto de presupuesto 2024 para calmar las preocupaciones de los constructores de infraestructura, esta semana arrancó dando un golpe a la mesa para decir: ‘El que manda aquí soy yo’.
El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto según el cual, cualquier ministro o director de entidad que requiera autorizar nuevas vigencias futuras o reprogramar las existentes debe obtener ”la conformidad del presidente de la República”, antes de seguir con el trámite ante el Ministerio de Hacienda. En otras palabras el presidente Petro, en persona, tendrá el poder de vetar o frenar las decisiones que se tomen en el Departamento Nacional de Planeación sobre los proyectos de Inversión.
Actualmente cuando un alcalde, un gobernador o incluso un ministro del Gobierno quiere sacar adelante la construcción de una vía o de un hospital con recursos de la nación debe hacer fila en el DNP para estructurar su proyecto hasta que se apruebe. Hay alcaldes, de municipios pequeños y apartados, que se demoran incluso años en esos trámites y la mala noticia es que ahora eso no será suficiente: ‘Sin la bendición del presidente el proyecto no se hace’.
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Según el minhacienda la decisión se toma porque el Gobierno nacional “con el fin de acompañar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, requiere que el presidente de la República manifieste de manera expresa su conformidad con los ajustes al presupuesto propuestos por las entidades”.
La semana pasada el ministro Bonilla fue claro: ‘Es el Gobierno y no el Congreso el que aprueba los proyectos de inversión’.
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