
Jefe de ética de Ecopetrol deja el cargo en medio de polémica por contrato con consultora
A él se le señala de haber autorizado y firmado un otrosí del contrato original para medir el impacto de las investigaciones contra Ricardo Roa.

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Alberto José Vergara deja de ser el director de Ética y Cumplimiento de Ecopetrol. Así lo determinó la junta directiva de la compañía tras otra reunión extraordinaria adelantada este martes y es una decisión que se da en consecuencia a la polémica por la firma del contrato con la empresa estadounidense Covington & Burling para medir el impacto de las investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
En su reemplazo llegará el abogado Rodolfo Mario García Paredes, quien hasta la fecha se desempeñaba como gerente jurídico de Hidrocarburos y ha estado vinculado a la Vicepresidencia Corporativa Jurídica de Ecopetrol por más de 25 años. Vergara, se sabe por ahora, que seguirá en la empresa en otras instancias.
A él se le señala de haber autorizado y firmado un otrosí del contrato original avalado por la junta directiva con la consultora Covington & Burling, lo que terminó derivando en la presunta interceptación de comunicaciones de al menos 70 empleados de la compañía, entre ellos, directivos, sindicalistas y hasta personas externas, según el informe del Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva de la petrolera.
Además, contra Vergara había denuncias de presuntos casos de abuso de poder, acoso laboral y sexual.
El pasado 30 de mayo, Vergara defendió sus actuaciones asegurando que todo se ha hecho dentro de la legalidad.
“En Ecopetrol, la junta directiva, la istración, la Dirección Corporativa de Cumplimiento, su equipo humano y profesional, y el suscrito, jamás hemos autorizado interceptación ni ninguna otra medida que infrinja la comunicación privada de las personas. Jamás interceptación, retención documental que es algo diferente”, dijo el hasta hoy director de Ética y cumplimiento.
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Según explicó, la llamada “retención documental” consiste en conservar información y documentos como parte de los procedimientos de control y auditoría, práctica que —dice— se ha realizado durante años con el acompañamiento de firmas especializadas. Asegura que esto no implica violación de la privacidad ni indebido a comunicaciones personales.
Este cambio en la junta directiva llega luego de que la Procuraduría anunciara una inspección para este miércoles con el fin de recolectar documentos y otras pruebas para determinar si existieron o no irregularidades con dicho contrato.