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Germán Arce, presidente de la Asociación de Fiduciarias, salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en recientes intervenciones aseguró que los recursos guardados en fiducias podrían ser aprovechados rápidamente si se liquidan los contratos de concesión.
En entrevista con Mañanas Blu, Arce dijo que liquidar contratos a concesiones no daría recursos para 2026, pues toma tiempro. En ese sentido, subrayó que los fondos almacenados en las fiducias no son simplemente cajas llenas de dinero disponibles para otros fines. Estos recursos tienen un destino legal y están estrictamente amarrados a los proyectos para los que fueron diseñados.
El volumen de dinero en juego es significativo. Arce explicó que las fiduciarias manejan actualmente cerca de $20 billones, una cifra que fluctúa constantemente por el flujo de pagos, peajes y créditos. Sin embargo, destacó que este dinero no es exclusivamente público.
“Hay recursos de crédito, de capital privado y de inversionistas; es una bolsa mixta, justamente por eso se llaman asociaciones público privadas (APP)”, aclaró.
Frente a las acusaciones del Gobierno sobre presunto enriquecimiento indebido, Arce enfatizó que las fiduciarias no son dueñas de los recursos.
“Es un error monumental revolver todas esas cosas. Esos recursos tienen un uso específico: ejecutar las obras”, afirmó, desmintiendo la idea de que puedan ser usados libremente para otros gastos como vacunas o programas sociales.
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Uno de los ejemplos emblemáticos es la concesión Mulaló–Lobo Guerrero, en el Valle del Cauca, actualmente bloqueada por falta de licencias ambientales. Aunque existen $2,2 billones guardados en fiducias, Arce fue tajante: “Ni el Estado ni el concesionario pueden disponer libremente de esos recursos”.
El problema, señala, es que el Estado no ha cumplido su parte en garantizar los permisos necesarios para avanzar, dejando los fondos congelados. Para desbloquearlos, sería necesario renegociar o liquidar el contrato, un proceso que requiere voluntad política y tiempo.
Arce no niega que los contratos pueden liquidarse. De hecho, existen antecedentes de contratos cancelados por problemas técnicos o de trazado. Sin embargo, advierte que el proceso no es inmediato.
Tiene que recorrer todo el tránsito legal: renegociar el contrato, liquidarlo, incorporar los recursos al presupuesto, y eso solo puede hacerse a través de la ley de presupuesto, que define el Congreso
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Así, incluso en el escenario más optimista, esos recursos solo estarían disponibles para uso estatal en la vigencia fiscal de 2026, no como una solución inmediata para las necesidades de caja actuales del Gobierno.
El anuncio del Gobierno de querer regresar a un modelo público ha generado inquietud entre los inversionistas. Arce recordó que el modelo APP nació precisamente porque el Estado no tiene capacidad de financiar por sí solo las grandes obras de infraestructura.
“Si el Estado tuviera recursos excedentarios para hacer todas las obras, no necesitaría buscar recursos de particulares”, señaló. Las concesiones permiten que bancos, fondos de pensiones y otros inversionistas financien los proyectos, mientras el Estado paga a plazos mediante vigencias futuras.
Un regreso al modelo estatal, según Arce, podría traer consigo los problemas de ineficiencia y retrasos que ya se vivieron antes de la implementación de las APP.
Uno de los puntos sensibles para la ciudadanía es el costo de los peajes. Arce explicó que estos son una de las fuentes clave para el cierre financiero de las concesiones.
“Si usted quiere bajar el valor de los peajes, tiene que elevar el valor del aporte público”, indicó. Es decir, menos peajes implicarían mayores desembolsos fiscales, algo que, dada la situación actual, no parece viable.
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