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Este lunes comienza la votación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en el Congreso, una iniciativa que busca una reestructuración profunda en la distribución de recursos entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales.
La medida ha suscitado una gran polémica debido a los riesgos fiscales que conlleva, según lo advierten exministros de Hacienda como José Manuel Restrepo y José Antonio Ocampo, quienes expresaron su preocupación en Mañanas Blu.
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El Sistema General de Participaciones es el mecanismo por el cual el Gobierno Nacional transfiere parte de sus ingresos a los departamentos y municipios, permitiendo financiar áreas críticas como la salud, educación, y saneamiento básico.
La propuesta actual busca modificar la Constitución para aumentar considerablemente el porcentaje de los ingresos nacionales asignados a estos entes territoriales, lo cual, según el exministro Restrepo, implicaría un aumento del 23.8% al 46.5% en la proporción de ingresos corrientes destinados a las regiones.
Restrepo resaltó que, aunque la descentralización es un objetivo deseado por muchos, los costos asociados con esta reforma son alarmantes: “Esta transferencia de recursos no puede ser de manera irresponsable. Duplicar el monto de recursos le costaría a la nación aproximadamente $60 billones adicionales anuales, es decir, casi lo equivalente a cuatro reformas tributarias”.
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El exministro explicó que el acto legislativo sugiere que las regiones asumirían responsabilidades que actualmente recaen en el Gobierno central, pero hasta el momento no hay claridad sobre cuáles competencias se transferirán. Sin esta definición, se corre el riesgo de un desbalance fiscal significativo.
Según Restrepo, la medida podría “desangrar el ingreso corriente de la nación”, ya que se destinaría una porción considerable de los ingresos del Gobierno central a las regiones, dejando al Estado con menos recursos para cumplir sus compromisos.
Este cambio podría implicar una reorganización de las competencias, de modo que las regiones tendrían que asumir la financiación de servicios que actualmente son responsabilidad del gobierno central, como infraestructura en educación y saneamiento básico.
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José Antonio Ocampo, otro de los exministros firmantes de la carta de advertencia, expresó en la misma entrevista su preocupación por los efectos fiscales de esta propuesta, afirmando que la reforma podría llevar a una “crisis fiscal aún más profunda”.
Ocampo, quien fue el primer ministro de Hacienda bajo la istración de Petro, advirtió sobre la necesidad de prever con precisión los gastos asociados a las nuevas competencias de las regiones antes de incrementar los recursos transferidos.
“El peligro mayor es que genere una crisis fiscal aún más profunda de la que tenemos, porque prácticamente duplica en un periodo de 10 años las participaciones de las regiones en los impuestos nacionales”, enfatizó Ocampo.
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Uno de los puntos críticos señalados tanto por Restrepo como por Ocampo es la falta de capacidad istrativa y técnica en muchos entes territoriales para asumir estas nuevas responsabilidades.
Para Restrepo, es crucial evaluar si todos los departamentos y municipios tienen los recursos y habilidades necesarias para gestionar proyectos de infraestructura y servicios en áreas tan esenciales como la educación y la salud.
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“Existen regiones, como Antioquia o Atlántico, que podrían asumir estas responsabilidades sin mayores problemas, pero ¿qué pasa con lugares menos desarrollados como Chocó?”, cuestionó Restrepo. Según él, muchos departamentos no cuentan con los recursos suficientes para asumir las competencias que se les pretende transferir, lo que podría llevar a una ejecución ineficiente de los recursos y agravar las desigualdades regionales.
Ocampo coincidió en la importancia de la descentralización, pero insistió en que esta debe implementarse de forma ordenada y con una base fiscal equilibrada.
“Es fundamental en este proceso que se diga que no va a ser el Gobierno Nacional quien tenga que cubrir el fondo en su totalidad, y para eso es indispensable determinar con claridad las funciones que recaerán sobre los departamentos y municipios”, explicó el exministro.
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Otro aspecto que añade complejidad a la situación es la falta de consenso dentro del mismo Gobierno. Restrepo reveló que, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha cambiado su posición en torno a la reforma en varias ocasiones, lo que genera incertidumbre sobre el verdadero apoyo de esta entidad a la propuesta. Según el exministro, esto podría deberse a que el acto legislativo condiciona la transferencia de competencias a un futuro proyecto de ley, el cual aún no ha sido presentado ni debatido.
"Hoy veo una posición disonante, incluso al interior del propio Gobierno”, comentó Restrepo, aludiendo a la falta de alineación entre el Ministerio del Interior, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda sobre los efectos de la reforma.
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