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Así como hay contratos que tienen la famosa ‘letra menuda’, pues el anuncio del Gobierno nacional de que no se necesita una reforma tributaria para cumplir la regla fiscal en 2023 también lo tiene, porque en las cuentas del marco fiscal de mediano plazo está incluido un recorte de la inversión pública y un gran plan de austeridad.
Dice el plan financiero que el Gobierno tendría que pasar de 40.57 billones en inversión en 2022, a 31.81 billones en 2023: un recorte de 8.76 billones de pesos.
En el documento se detalla que ese recorte parte del supuesto de que desaparecen programas de gasto contracíclico, es decir, medidas que tomó el Gobierno para reactivar la economía. Esa categoría incluye programas como el de apoyo al empleo formal, los incentivos a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Ingreso Solidario se salvaría del recorte, pero no está claro cuánto presupuesto tendrá.
“Para 2023, la inversión pública proyectada considera la destinación de recursos para incluir este programa dentro de la agenda de gasto”, indica el documento.
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“En relación con IS, un reto importante para las futuras istraciones es darle continuidad al programa considerando los resultados obtenidos en materia de mitigación de la pobreza, inclusión financiera y la calidad del gasto de los hogares. Para lograr lo anterior, será importante que la operación del programa en el mediano plazo se realice de manera eficiente, respetando el principio de sostenibilidad fiscal, bien sea mediante la incorporación de nuevas fuentes de ingresos fiscales que permitan su financiación, o por medio de la priorización del gasto”, agrega.
El Plan de Austeridad
El Gobierno estima que el plan de austeridad de la Ley de Inversión Social (la última reforma tributaria) representará ahorros de gasto por 1.2 puntos del PIB que mal contados son 14 billones de pesos.
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La ley dice que la reducción anual de las transferencias corrientes, diferentes de las exceptuadas legalmente, deberá ser al menos del 5 % anual durante los próximos cinco años.
Además, deberían mantener el control sobre los gastos de personal y los planes de austeridad anuales que registren los eventos, los viáticos, y la compra de tiquetes aéreos.
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