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En diálogo con Mañanas Blu, Rodrigo Negrete, director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), discutió la situación actual del pozo Komodo 1, un proyecto de exploración de gas y petróleo en el Caribe colombiano. Este proyecto, liderado por la empresa Anadarko Colombia, enfrenta una suspensión en el proceso de evaluación ambiental debido a la intervención del Ministerio de Ambiente, que solicitó detener el trámite para realizar una revisión exhaustiva dada la envergadura y complejidad del proyecto.
“La evaluación está suspendida, pero no agotada”, aclaró Negrete tras afirmar que la decisión final sobre la licencia aún no se ha tomado y que podrían contemplarse tres posibles resoluciones: otorgar la licencia, negarla o archivarla.
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“Estamos dentro del término legal. La suspensión llega porque el Ministerio considera que hay unos elementos muy específicos y estima necesario hacer una mirada mucho más integral de lo que se suele hacer en proyectos de esta índole en Colombia”, explicó Negrete.
El pozo Komodo 1 se ubica en la zona económica exclusiva de Colombia, aproximadamente a 140 kilómetros de la costa frente a Santa Marta, y es el proyecto más profundo en el país en términos de perforación submarina. La exploración planeada alcanzaría profundidades de entre 3,800 y 4,000 metros de columna de agua solo para llegar al lecho marino, además de otros 2,000 metros de perforación adicionales.
Esta particularidad en la distancia y profundidad genera incertidumbres en el plano ambiental, especialmente en términos de biodiversidad.
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Negrete enfatizó que el contexto ambiental en estas profundidades carece de estudios suficientes, subrayando que “no hay un conocimiento científico detallado de la biodiversidad en esa zona; incluso pueden existir especies desconocidas para la ciencia, y ya se han identificado más de cuarenta especies nuevas en esa área específica”.
El Ministerio de Ambiente solicitó la suspensión del trámite como una medida de precaución, ya que considera que el proyecto plantea riesgos que podrían extenderse más allá de las fronteras nacionales.
Esta evaluación, según el funcionario, involucra a varios entes gubernamentales, como el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y la Dirección General Marítima (Dimar), quienes colaboran en el análisis de posibles impactos en ecosistemas profundos y frágiles.
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“El Ministerio de Ambiente está haciendo una revisión integral y consultas científicas para evaluar si las medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental son adecuadas. Este tipo de decisiones involucran varios actores y muchas veces exigen tomar precauciones en favor de la biodiversidad y de los compromisos ambientales de Colombia”, sostuvo Negrete.
Al ser cuestionado sobre los avances en otros países en términos de exploración offshore, Negrete puntualizó que si bien Brasil, por ejemplo, ha logrado consolidarse en este sector, se trata de un esfuerzo de décadas.
“En el caso de Brasil, la exploración costa afuera comenzó hace muchos años, y su estatal petrolera ha liderado proyectos de esta magnitud. En Colombia, este tipo de proyectos aún son recientes, y se deben considerar los factores geográficos y de biodiversidad de cada región”, explicó Negrete.
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Por otra parte, Colombia es reconocida como uno de los países megadiversos del mundo, lo cual añade una complejidad particular a la hora de evaluar proyectos extractivos, según dijo.
Negrete resaltó que, aunque varios países han encontrado maneras de balancear la protección ambiental con el desarrollo de proyectos offshore, en Colombia este es un proceso que requiere la colaboración de distintos sectores y una revisión detallada para proteger la biodiversidad.
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“Colombia tiene la obligación de proteger su biodiversidad en el Caribe, y por eso estos procedimientos son de largo aliento y se ejecutan con una gran rigurosidad técnica”, afirmó.
La evaluación de licencias ambientales en el país sigue criterios que, según Negrete, están en línea con estándares internacionales.
Para la ANLA, el proceso en Komodo 1 ha sido más extenso de lo habitual, en parte por la solicitud de suspensión. Sin embargo, Negrete asegura que Colombia es uno de los países que resuelve este tipo de licencias con mayor rapidez.
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“En otros países como Canadá y Estados Unidos, los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos similares pueden demorar entre dos y cuatro años. En Colombia, nuestros términos legales establecen 90 días hábiles para una evaluación, y nos esforzamos en cumplirlos estrictamente”, explicó.
Por último, Negrete señaló que la ANLA está preparada para recibir las recomendaciones del Ministerio de Ambiente, pero advirtió que el proceso en Colombia sigue criterios técnicos específicos que podrían dar lugar a recomendaciones vinculantes en caso de que se active el Consejo Técnico Consultivo.
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En esta instancia, un grupo de expertos podría emitir un concepto definitivo que, de acuerdo con la normativa vigente, se convierte en un mandato obligatorio para la ANLA.
“Lo que estamos haciendo con Komodo 1 es analizar todos los posibles escenarios para garantizar que las decisiones sean transparentes y sustentadas en la mayor cantidad de información científica posible. Colombia tiene una gran responsabilidad en el ámbito ambiental y debemos ser cuidadosos con este tipo de proyectos que, aunque tienen un potencial económico, también presentan retos ambientales sin precedentes”, concluyó Negrete.
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